La Junta de Fiscales Supremos en la mira de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). Los congresistas José Cueto, de Honor y Democracia; Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y Alfredo Azurín de Somos Perú han presentado una denuncia constitucional contra los fiscales por presunta infracción constitucional por publicar un reglamento contrario a la norma que devuelve las facultades de investigación a la Policía Nacional del Perú (PNP).
Los parlamentarios acusan a los fiscales Juan Carlos Villena, Delia Espinoza, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez de los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica por la publicación de estos lineamientos. La denuncia fue ingresada a la SAC, que es presidida por la congresista de Alianza Para el Progreso, María Acuña.
“Denuncia constitucional contra los fiscales Villena, Sánchez, Ávalos y Espinoza por infracción constitucional y los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica que hemos presentado con José Cueto y Alfredo Azurín por negarse a acatar la ley que devuelve la investigación preliminar a la PNP. Basta ya! Merecen sanción!”, publicó fujimorista en sus redes sociales.
¿A qué se debe la indignación de los congresistas? El 14 de octubre, tras la oficialización de la norma que devuelve la dirección de las investigaciones preliminares a la Policía Nacional del Perú (PNP), el Ministerio Público emitió un comunicado en el que anunciaba la publicación de un reglamento destinado a uniformizar y optimizar la actuación fiscal en la investigación de delitos, en coordinación con la PNP.
Este reglamento fue publicado en el diario oficial El Peruano y según lo que indican los congresistas denunciantes, esto es una clara afrenta a la ley que días antes fue aprobada por ellos.
Demanda ante el TC
Cabe señalar que en el comunicado compartido por la Fiscalía, se hace hincapié a que la norma que regresa la dirección de la investigación a la PNP tiene demandas de inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal Constitucional, por lo que el reglamento es una directiva temporal, mientras el TC determina si la ley infringe o lo la Constitución.
“En ese contexto, el Despacho de la Fiscalía de la Nación adopta esta medida, en tanto se resuelva la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra los decretos legislativos n.º 1592, 1604, 1605 y 1611, y la que se presentará eventualmente contra la ley n.º 32130, en estricta defensa de la institucionalidad y del Estado democrático de derecho”, señala la última parte del pronunciamiento compartido.
En esa línea, el entonces fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena señaló que esperarán el pronunciamiento de los magistrados del TC respecto a la polémica norma.
“Estamos estudiando, ustedes saben que hay una demanda de inconstitucionalidad por unos decretos facultativos (...) La Constitución dice que es el Ministerio Público, el fiscal es el que dirige y conduce la investigación desde un inicio, seguramente (el TC) expedirán una decisión. saben ustedes que el Ejecutivo ya contestó esa demanda y está pendiente de hacerse esa audiencia”, señaló Villena el pasado 13 de octubre.
Desde la Fiscalía de la Nación ya se habían pronunciado en contra de esta norma debido a que consideran que limita las funciones del Ministerio Público. Además, indican que la PNP no cuenta con la capacidad para dirigir una investigación y a la larga, esta norma traería consecuencias negativas en los procesos judiciales.
El exfiscal supremo Martín Salas advirtió que el trabajo debe realizarse en conjunto entre el Ministerio Público y la PNP.
“Si ellos conducen las diligencias preliminares, corre el riesgo de que se materialicen acciones de investigación, actos de investigación sin presencia fiscal. Claro que eso, no se va a poder ser usado en un juicio porque no tienen las garantías suficientes que son la presencia del defensor de la legalidad, que es el Ministerio Público”, declaró en una entrevista a RPP.
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