El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, propuso este lunes una nueva medida para enfrentar la ola de inseguridad en la ciudad: que los motociclistas lleven impreso el número de su Documento Nacional de Identidad (DNI) en los cascos. La iniciativa surge en respuesta al aumento de delitos cometidos mediante el uso de estas unidades, lo que ha llevado a que al menos dos municipalidades de la capital, Puente Piedra e Independencia, prohíban la circulación de motos lineales con dos pasajeros.
“Es decisión de cada alcalde; cada distrito es distrito. Estamos evaluando otra ordenanza nosotros, que es poner una identificación en el casco con el DNI de quien maneja. Son varias alternativas. Respeto mucho la decisión de cada alcalde, me llevo muy bien con todos”, dijo en una rueda de prensa.
Según López Aliaga, esta iniciativa facilitaría la identificación de los motociclistas y permitiría un mejor control de aquellos que utilizan vehículos de dos ruedas en la capital. “Si no hay equipamiento ni motos para la Policía, por las puertas es. Antes de diciembre, estamos dando 1,600 motos más a la PNP, pero lo que me piden son cámaras. Para Lima necesitan 100,000 cámaras. Si el Ejecutivo quisiera, habría cámaras, pero no hay voluntad. Esto lleva varios años”, señaló.
“Nosotros, con la plata municipal, estamos haciendo la inversión de lo que debería hacer el Ministerio del Interior. Estamos entregándolas con nuestros propios recursos para que protejan a Lima. Motos para el serenazgo también estamos entregando, son 4,000 en total en esta primera etapa”, agregó.
La Municipalidad de Independencia oficializó esta semana una ordenanza que prohíbe la circulación de motos lineales con dos pasajeros durante el estado de emergencia declarado por la administración de la presidenta Dina Boluarte. La infracción se sancionará con una multa de 5,150 soles y el internamiento del vehículo. Puente Piedra fue el segundo distrito de Lima Metropolitana en implementar esta medida.
En la víspera, durante una mesa de trabajo presidida por la primera vicepresidenta del Parlamento, Patricia Juárez, varios líderes distritales debatieron propuestas contra delitos cometidos por vehículos menores. El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, indicó que se implementó una ordenanza para el empadronamiento voluntario de trabajadores de delivery que logró registrar cerca de 8,000 personas.
Sin embargo, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó esta práctica al considerarla una barrera burocrática. Por su parte, el alcalde de Breña, Luis Martínez, propuso la creación de un registro nacional de inscripción. También estuvieron presentes las autoridades de Pachacamac, Los Olivos, La Victoria, El Rímac, entre otros.
Sobre el paro
En la misma rueda de prensa, López Aliaga se refirió al paro convocado para este miércoles por diversas agrupaciones, incluidos transportistas, para exigir al Gobierno medidas concretas para combatir la criminalidad. “Pediría que se respete la demanda original del paro. Que no hay seguridad ni acción de la presidenta es cierto y claro, pero que no se politice, ahí la malogran”, dijo.
La ola de bandas de extorsionadores, que originalmente se enfocó en transportistas y comerciantes, ahora ha alcanzado a más sectores productivos que denuncian amenazas de pago de cupos. El gobierno declaró el estado de emergencia en 13 distritos de Lima y uno en la provincia portuaria del Callao.
No obstante, según una encuesta privada de Datum, el 86% de la población se siente insegura en las calles debido a la delincuencia, el 37% conoce a alguien que ha sido víctima de extorsión y el 40% prefiere extender el estado de emergencia a todo el país.
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