La Superintendencia Nacional de Migraciones, en colaboración con la Policía Nacional del Perú (PNP), expulsó a 14 extranjeros tras haber ingresado de manera irregular por las regiones de Tumbes y Piura.
La medida fue ejecutada bajo el marco del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), el cual permite una salida rápida en casos de violación a las normativas migratorias o amenazas a la seguridad nacional.
En el caso de Piura, se llevaron a cabo diversas inspecciones en buses que transitaban por la carretera a la altura del expeaje Bayóvar, a 54 kilómetros de la ciudad. Como resultado de estas acciones, se emitieron 12 órdenes de expulsión, todas cumplidas en menos de 24 horas.
En Tumbes, dos ciudadanos fueron interceptados cuando intentaban viajar a Lima sin haber realizado el control migratorio en el Centro Binacional de Atención en Fronteras (CEBAF).
Las intervenciones se realizaron durante operativos conjuntos que involucraron a diversas instituciones, como la Fiscalía de Prevención del Delito, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y el serenazgo local. Estos esfuerzos se concentraron en puntos estratégicos, con el objetivo de controlar y verificar la legalidad de los desplazamientos de extranjeros en territorio peruano.
El PASEE
El PASEE consta de dos etapas: una fase instructora, en la cual se notifican las imputaciones a los infractores, y una fase sancionadora, que culmina con la emisión de órdenes de expulsión por parte de las jefaturas zonales de Migraciones, las cuales son ejecutadas por la PNP.
Este mismo procedimiento permitió recientemente la expulsión del sicario venezolano Ángel Ramón García Hernández, alias Barbas. El individuo, quien ingresó de forma clandestina al país, fue capturado por la PNP y entregado a la Policía de Investigación de Chile (PDI) debido a una orden de captura emitida por Interpol.
Extranjeros expulsados
Eduardo Arana, ministro de Justicia, señaló, en conferencia de prensa en octubre pasado, que las personas que intenten volver al país tras ser deportadas por delitos o mediante procedimientos administrativos de Migraciones enfrentarán castigos que podrían incluir la reclusión.
“Quiero poner énfasis en que uno de estos decretos tiene como propósito escuchar el clamor popular, pero particularmente incide en un aspecto en que la ciudadanía y el gobierno ha tomado nota: la situación de aquellos extranjeros que delinquen, que son detenidos de manera regular, que son expulsados en la frontera y luego regresan a cometer nuevamente delitos”, mencionó.
Asimismo, el jefe del Minjus aseguró que este tema ha sido detectado y evaluado minuciosamente, y se ha propuesto una solución legal: quienes intenten retornar con el propósito de cometer un crimen serán sometidos a condenas de cárcel.
“Se va a coordinar, incluso, el proceso de flagrancia porque esto es un delito que automáticamente se va a identificar y se va a tener la información a la mano con Migraciones, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Vamos a acabar inmediatamente con este aparente espacio que tenían los extranjeros de poder reingresar al país”, precisó la autoridad.
Cabe destacar que, a lo largo de 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones reportó que se impidió el ingreso al país de 2.170 extranjeros mediante los controles establecidos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal punto de control migratorio en Perú.
De ese total, 455 personas fueron sometidas a inspecciones exhaustivas en el control secundario, debido a que fueron consideradas posibles riesgos tras las evaluaciones realizadas en el centro de operaciones del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS).
Recientemente, la presidenta Dina Boluarte ha anunciado una serie de medidas contra los extranjeros en el Perú, como el seguimiento financiero, y el registro de contratos de trabajo y de alquiler.
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