Jeri Ramón, rectora de la UNMSM, es respaldada por las universidades públicas pese al desalojo violento de estudiantes

La Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú (ANUPP) ha expresado su firme respaldo a la rectora Jeri Ramón Ruffner de Vega, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La ANUPP, que agrupa a los rectores de las universidades públicas del país, rechaza cualquier tipo de injerencia política externa que atente contra la autonomía universitaria, según un comunicado emitido por la asociación.

La ANUPP enfatiza que las decisiones relacionadas con los procesos electorales universitarios son competencia exclusiva del Comité Electoral, el cual es elegido por la asamblea universitaria y goza de autonomía conforme a la Ley Universitaria. Por lo tanto, no se puede atribuir responsabilidad alguna a la rectora Ramón Ruffner de Vega respecto a las decisiones tomadas por dicho comité.

En el contexto de los procesos electorales, los mecanismos como las tachas e impugnaciones son gestionados entre las listas competidoras y el Comité Electoral, quien tiene la obligación legal de procesarlas adecuadamente. La ANUPP aclara que la rectora no tiene participación en estos procedimientos.

Los rectores de las universidades públicas son elegidos por un periodo de cinco años, y la elección de una asamblea universitaria no afecta esta temporalidad. Por ello, la ANUPP insta a los medios de comunicación a informar con precisión y conforme a la ley, cesando cualquier hostilidad hacia la rectora de San Marcos.

Para la ANUPP, la rectora Jeri Ramón ha sido destacada por su liderazgo en la defensa de la autonomía universitaria y su enfrentamiento con grupos de poder, lo que ha permitido mantener una universidad libre y plural en ideas, según la ANUPP.

Jerí Ramón, rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), enfrenta denuncias penales tras un violento desalojo de estudiantes que tomaron la sede universitaria. La parlamentaria Susel Paredes presentó una denuncia ante el Ministerio Público por presuntos delitos de usurpación y lesiones, según informó un medio local. La denuncia también involucra a los vicerrectores Carlos Cabrera Carranza y José Segundo Niño Montero, y menciona a 17 estudiantes heridos durante el incidente.

El conflicto se originó cuando los estudiantes ocuparon la universidad en protesta, lo que llevó a un desalojo que, según los denunciantes, fue promovido por la rectora Ramón. Durante una sesión del Consejo Universitario, Ramón admitió haber tenido comunicación con el jefe de seguridad antes del ingreso violento, lo que ha sido interpretado como una posible complicidad en los hechos.

Los estudiantes identificaron a los “terceros” mencionados por la rectora como los responsables de las agresiones, quienes ingresaron junto con el personal de seguridad de la universidad. Un estudiante relató que estos grupos se reunieron cerca de la Oficina Central de Admisión (OCA), lo que sugiere una planificación previa del ingreso violento.

Además de la denuncia de Paredes, el Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez presentó una denuncia similar, incluyendo el delito de omisión de funciones. Los estudiantes afectados, con el apoyo de abogados, están recopilando información para presentar una tercera denuncia penal contra la rectora por las lesiones sufridas.

El proceso electoral interno de la universidad ha sido suspendido por el Comité Electoral Universitario, cuya imparcialidad ha sido cuestionada por los estudiantes. Estos exigen la nulidad del proceso electoral, alegando prácticas fraudulentas que favorecieron la presentación de una lista única para la Asamblea Universitaria. La historiadora Carlota Casalino denunció un ataque sistemático contra los postulantes opositores a la gestión de Ramón, lo que ha afectado a varias facultades.

Casalino también destacó que la inscripción de la lista opositora para la Asamblea Universitaria fue boicoteada, permitiendo solo la participación de una lista afín a la rectora. De continuar esta situación, Ramón podría ser reelegida en 2025 con el apoyo de un proyecto de ley del Congreso que propone que la máxima autoridad universitaria sea elegida únicamente por la Asamblea Universitaria.