El Poder Judicial de Perú ha dictado una sentencia histórica en el caso Interoceánica, condenando al expresidente Alejandro Toledo Manrique a 20 años de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos, vinculados a los sobornos de Odebrecht. Este fallo marca un precedente en la lucha contra la corrupción al incluir una reparación civil multimillonaria: S/ 1.375 millones más USD 463 millones, lo que equivale a un total aproximado de 3 mil 134 millones de soles (o unos 833 millones de dólares).
La sentencia no solo destaca por la prisión impuesta a Toledo Manrique, sino también por las cuantiosas sumas que los responsables deberán pagar al Estado. Estos montos buscan resarcir los daños económicos causados por los actos ilícitos que marcaron uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos y controvertidos del país.
Las investigaciones revelaron que el expresidente no actuó solo, sino que coordinó con altos funcionarios de su gobierno para asegurar el éxito de las gestiones corruptas que beneficiarían a la empresa brasileña.
Pruebas contundentes contra Toledo
Durante el proceso, el tribunal basó su decisión en una amplia gama de pruebas, incluidos testimonios de colaboradores eficaces y documentos financieros que demostraron las transferencias bancarias realizadas a Toledo, quien fue encontrado culpable de recibir 35 millones de dólares para favorecer a la constructora en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.
El expresidente, quien fue extraditado desde los Estados Unidos en abril de 2023, ha mantenido su inocencia, pero los jueces consideraron que había suficientes elementos para confirmar su responsabilidad directa en los hechos.
Uno de los factores clave que llevó al tribunal a establecer una reparación civil tan elevada fue el impacto social y económico que generaron estos actos de corrupción. La carretera Interoceánica, un proyecto destinado a conectar Perú y Brasil, fue vista como una obra emblemática para el desarrollo regional. Sin embargo, las irregularidades en su concesión y construcción no solo elevaron significativamente los costos, sino que también afectaron la calidad de la obra, cuya ejecución ha sido objeto de críticas y sobrecostos.
El proceso judicial que involucra al expresidente Toledo forma parte de una serie de casos relacionados con la trama de corrupción de Odebrecht, la cual ha salpicado a varios expresidentes de Perú y de otros países latinoamericanos. La empresa brasileña ha admitido haber pagado sobornos en diferentes naciones para asegurarse la adjudicación de importantes proyectos de infraestructura. En el caso de Perú, Alejandro Toledo se convierte en el primer expresidente en recibir una condena por estos hechos, mientras que otros como Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski continúan enfrentando procesos judiciales.
Reparación civil millonaria para resarcir los daños
La millonaria reparación civil impuesta busca no solo compensar al Estado por los perjuicios económicos, sino también mandar un mensaje claro de que la corrupción no será tolerada. A lo largo del juicio, la defensa de Toledo argumentó que las acusaciones eran parte de una persecución política, pero los magistrados desestimaron esta postura y enfatizaron que el caso se resolvió sobre la base de pruebas objetivas y verificables.
El monto establecido no solo cubrirá los daños económicos inmediatos, sino que también será utilizado para financiar programas y proyectos que busquen mitigar los efectos de la corrupción en la administración pública. Según expertos legales, la suma es una de las más altas impuestas en un proceso judicial por corrupción en la historia del país, lo que refleja la gravedad de los hechos y la magnitud de los daños causados.
De acuerdo al fallo judicial, Alejandro Toledo deberá pagar la reparación civil conjuntamente con Alberto Pasco-Font y Sergio Bravo (exfuncionarios de ProInversión) y el empresario José Castillo Dibós, quienes también fueron sentenciados a prisión.
Apelaciones y el futuro legal de Toledo
A nivel político, la condena de Alejandro Toledo y la elevada reparación civil establecida en su contra reavivan el debate sobre la impunidad en los altos niveles del poder. Aunque muchos ciudadanos celebran que la justicia haya alcanzado a un expresidente, otros advierten que aún falta mucho por hacer para que la corrupción sea erradicada completamente del sistema político peruano.
Por su parte, la defensa legal de Toledo anunció que apelarán la sentencia. El expresidente, de 78 años, ha manifestado su intención de seguir luchando por demostrar su inocencia, aunque el panorama legal no le resulta favorable, dado que las pruebas en su contra son contundentes y han sido ratificadas por varios testigos clave en el proceso.
A la salida de la audiencia, el abogado defensor Roberto Su, criticó duramente a la magistrada que leyó la sentencia contra el exmandatario. En declaraciones a la prensa, señaló que la jueza Inés Rojas Contreras no comprendía completamente el fallo y que existían inconsistencias en las fechas, lo que los llevará a apelar ante una instancia superior, que, según Su, tendrá “mayor criterio” para revisar la condena y absolver a su cliente.
Su también adelantó que solicitarán el arresto domiciliario para Toledo, argumentando el delicado estado de salud del exmandatario, quien padece de cáncer, problemas cardíacos, diabetes y trastornos psiquiátricos, entre otras enfermedades.