La presidenta Dina Boluarte ofreció este martes un balance de su gestión en un contexto marcado por rumores de posibles cambios ministeriales, apenas un día antes del anunciado paro nacional. El despacho de la jefa de Estado convocó a los medios de comunicación desde las 13:00 horas.
Según La República, que cita fuentes oficiales, Boluarte habría considerado reemplazar al jefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, con el excanciller Javier González Olaechea. Sin embargo, este último habría exigido la salida del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y del titular de Educación, Morgan Quero, como condición para aceptar el cargo, lo cual no convenció a la gobernante.
A través de un mensaje en X, antes Twitter, González Olaechea descartó “en el futuro inmediato asumir un puesto público” e invocó no ahondar en rumores. “Haber sido canciller, me ofreció el honor de servir a mi país, defender nuestros intereses y la libertad sin fronteras, razón por la cual estoy muy agradecido”, señaló.
“Debido a los rumores de una invitación del actual Gobierno a que asuma algún cargo, agradezco la buena voluntad e interés de muchas personas y de algunos medios por conocer mi opinión, la que me he reservado”, agregó sin ahondar en detalles. El último balance de gestión presentado por Boluarte ocurrió en febrero pasado, casi una semana después de reorganizar su gabinete con el nombramiento de cuatro nuevos ministros para carteras clave, incluidas las de Economía y Energía y Minas.
De todo el Gabinete Miniterial, Santiváñez enfrenta el mayor rechazo ciudadano, con un 76% de desaprobación, que se acentuó esta semana tras la falsa captura del supuesto número dos de Sendero Luminoso, Iván Quispe Palomino. El ministro había anunciado la detención de un cabecilla terrorista, pero se confirmó rápidamente que Quispe Palomino no era prófugo ni tenía un alto mando en el último reducto operativo del grupo en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), vinculado al narcotráfico.
Santiváñez ya estaba en el ojo del huracán por la creciente criminalidad en el país, lo que llevó a varios gremios de transportistas a convocar un paro este miércoles en protesta contra la ola de extorsiones, al cual se unirán otros sectores. Tras la primera paralización, que contó con gran apoyo ciudadano y de otros gremios empresariales, el Gobierno declaró en estado de emergencia, por 60 días, a 13 de los 43 distritos de Lima y uno en Callao.
En esta ocasión, los transportistas demandan que se derogue una polémica ley sobre crimen organizado, que varios especialistas consideran que obstaculiza su combate, además de rechazar una propuesta del Gobierno para catalogar como “terrorismo urbano” algunos delitos como la extorsión, el sicariato o el secuestro.
Durante su balance, Boluarte expresó su “comprensión y solidaridad” ante la criminalidad y extorsión que afecta al país. “Me duele en el alma la pérdida de algunos integrantes de la familia. Es mi dolor el dolor que ustedes sienten (...) Un paro o dos no van a resolver el problema, tenemos que unirnos (...) No necesitamos odios ni violencia, ese no es el camino”, dijo.
De igual modo, advirtió que “se quieren sumar a él un grupo de personas que nuevamente vienen con una agenda política” y pidió que “no se dejen sorprender como lo que ocurrió en diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023″, cuando querían poner al país en un desastre total”.
“Estamos haciendo todo lo posible para poder terminar con el crimen, la extorsión y el asesinato. Seguiremos afianzando a la policía y el ejército”, señaló. “A los delincuentes extranjeros que están en el país, a ellos les decimos que los botaremos del territorio nacional. No vamos a permitir que se queden un día más en nuestro territorio”, agregó al mencionar la desactivación de alrededor de 78 bandas criminales.
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