Más de 100 días luego de su última conferencia de prensa, la presidenta Dina Boluarte decidió realizar un balance de su gobierno para destacar temas económicos y en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, dedicó la gran parte de este último tema a improvisar un discurso en el que señaló a la migración de ciudadanos venezolanos como la responsable de la crisis de inseguridad en el país.
En su pronunciamiento, Boluarte recordó el éxodo de ciudadanos venezolanos que salieron de su país a raíz del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, y afirmó que “no ha existido un éxodo desde la época de Moisés”. Aunque no indicó el nombre del país de procedencia, la mandataria sí sostuvo que “han salido de un país del norte vecino (Venezuela), más de 9 millones de habitantes que están dispersos por el mundo”.
Boluarte también indicó -luego de hacer referencia a la situación de Venezuela- que los criminales de nacionalidad extranjera serán capturados y expulsados del país. “Los vamos a capturar y los vamos a botar de nuestra patria”, afirmó.
Boluarte señala a expresidentes como responsables de criminalidad
Siguiendo con su discurso específico para la criminalidad extranjera, la presidenta hizo referencia a los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski (PPK), Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo. Según la mandataria, ellos “dejaron nuestras fronteras abiertas” y no hicieron nada para luchar contra la criminalidad.
“Este tema de la delincuencia no es de ahora. No es que nace con este gobierno. Sabemos bien quién ha dejado nuestras fronteras abiertas y han entrado miles de ellos sin siquiera mencionar sus nombres en nuestras fronteras, y esos gobiernos siguientes han estado como en modo avión sin hacer nada frente a la delincuencia”, afirmó en directa referencia a sus predecesores.
En 2016, ante la llegada al Perú de migrantes venezolanos, el expresidente Kuczynski tomó la decisión de crear un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para los migrantes que llegaron al país por motivos humanitarios hasta antes de diciembre de ese año. Desde ese entonces, la vigencia de este documento, que regulariza temporalmente la estancia de los migrantes en el Perú, fue prorrogada por disposición de los gobiernos siguientes.
Seguimiento financiero a venezolanos
Boluarte también afirmó que se realizarán cambios en la política migratoria y se exigirá a cada ciudadano venezolano en el Perú una prueba de que están trabajando formalmente y para ello se solicitarán documentos como contratos de alquiler (de vivienda), y también de trabajo formal.
“Ahora vamos a hacer un reajuste en migraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano, que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, de alquiler, y haremos un seguimiento en el sistema financiero. Vamos a hacer un seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país para saber de dónde se generan esos ingresos, y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, les vamos a caer”, sentenció.
En julio de este año, el economista del Instituto Peruano de Economía (IPE), Teodoro Crisólogo, publicó un análisis sobre la situación laboral de los migrantes venezolanos y afirmó que “de un total de 1 millón y medio de venezolanos que viven en Perú, casi el 80% trabaja sin contrato, mientras que solo hay cerca de 50 mil que se encuentra en planilla”.
Siguiendo la línea de lo propuesto por Boluarte, su política migratoria condena a la expulsión de más de un millón de personas que no pueden acceder a un empleo formal, no están en planilla y ganan menos del salario mínimo, pues, según el economista, los salarios de los ciudadanos venezolanos “ascienden a S/1,200 o S/1,250, cifra 20% por debajo de lo que gana un peruano en promedio”.
“También a los señores que alquilan sus domicilios, tengan cuidado a quienes alquilan. Vamos a caminar con la Sunat de la mano para poder controlar a los que alquilan y a los que no demuestran de dónde vienen sus ingresos”, indicó la mandataria.
Sin embargo, la idea del control a los alquileres no es nueva. De hecho, en el año 2023 el Congreso promulgó la Ley N° 31689 que hace precisamente eso al modificar la Ley de Migraciones del Perú.
En el artículo 2 de la norma publicada el 15 de febrero del 2023, el Congreso agrega que los arrendadores tienen la obligación de “exigir la presentación de un documento que acredite la situación migratoria regular del extranjero con quien suscriba contrato de arrendamiento y de los otros extranjeros que habiten y formen parte del grupo arrendador en el mismo inmueble”.
Además, se añade la obligación de los arrendadores de informar a la Superintendencia Nacional de Migraciones sobre la presencia de ciudadanos extranjeros en sus domicilios.
La presidenta Dina Boluarte no indicó plazos para la implementación de estas reformas en la política migratoria del Perú bajo su gobierno. Tampoco hizo referencia al éxito o fracaso de la declaratoria de emergencia en 14 distritos de Lima Metropolitana.
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