PNP gastó S/4 millones en cámaras que no utiliza: dispositivos no pueden ser manipulados por los policías

Cerca de cuatro millones de soles fueron invertidos en la compra de implementos para la Policía Nacional del Perú que hasta el momento no se utilizan y que incluso permanecen empaquetados y sellados en sus cajas respectivas en más de 100 comisarías a nivel nacional.

Los dispositivos en cuestión son ‘bodycams’ o ‘cámaras testigo’, que son capaces de grabar audio y video de las intervenciones y actividades que realizan los agentes de la Policía Nacional. Entre los años 2021 y 2022, el Ministerio del Interior licitó dos compras por un monto cercano a los S/ 4 millones, pero estas no son utilizadas por los policías, quienes siguen utilizando sus propios celulares para registrar lo ocurrido en sus intervenciones.

¿Por qué son importantes estas nuevas cámaras? A diferencia de un celular cualquiera, las bodycams adquiridas por el Gobierno tienen como parte de sus características que el video no puede ser manipulado y tampoco puede extraerse por otros medios.

Miguel Sanguinetti, dueño de la empresa Soluzioni Group S.A.C., que fue la proveedora de ambas contrataciones, también afirmó que los videos registrados por las cámaras no pueden ser manipulados.

Pese a que se ha registrado la entrega de estos implementos en aproximadamente 100 comisarías a nivel nacional, un informe de Punto Final reveló que estas cámaras no están siendo utilizadas por los agentes de la PNP, quienes afirman que tienen dificultades porque no saben cómo utilizarlas por falta de capacitación o que no poseen el equipo necesario para descargar los videos.

Algunas de las comisarías en Lima Metropolitana que poseen algunas unidades de estas cámaras especiales son: Surquillo (7), San Luis (6), La Victoria (8), Lince (6), y Comas (5). La empresa proveedora indicó que no solo dio bodycams y servidores, sino que además dio arneses para sujetarlas.

La compra de las ‘bodycams‘ está siendo investigada por el Ministerio Público debido a una “denuncia anónima” recibida en la que se señalan presuntas irregularidades en el caso. Dos funcionarios del Ministerio del Interior e incluso el dueño de la empresa proveedora son investigados por presuntamente haber cometido el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada por presuntos acuerdos en el proceso de compra.

Villaorduña, precisamente uno de los funcionarios que es investigado por la Fiscalía, indica que podría presumir que la denuncia podría provenir de agentes de la PNP “que no quieren estos equipos para rendición de cuentas”, dijo a Punto Final.

En respuesta al caso, el 20 de octubre el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que incide ampliamente en la investigación contra Villaorduña y sostuvo que la empresa proveedora habría elevado el costo de las cámaras en el segundo proceso de licitación.

El sector también señala al coronel PNP (r) Pedro Cruz, por presuntamente haberse coludido con el dueño de la empresa proveedora, Miguel Sanguineti, para favorecerlo. El comunicado no explica por qué las cámaras no son utilizadas por los policías ni qué ocurrirá con los equipos en desuso.