El cardenal Carlos Castillo calificó al Sodalicio de Vida Cristiana, la organización católica denunciada por casos de abusos sexuales a exmiembros, como un “experimento fallido” y que “debería ser suprimido por la Iglesia”.
“El Sodalicio y los otros grupos fundados por (Luis) Figari no son salvables porque nacen mal y sus frutos a lo largo de los últimos cincuenta años, así lo demuestran. Al servicio de la Guerra Fría latinoamericana, ha sido una máquina destructora de personas, inventado una fe que encubre sus delitos y su ambición de dominio político y económico. No hay nada espontáneo en sus miembros. No hay libertad y sin ella no hay fe. Como experimento fallido, debería ser suprimido por la Iglesia”, mencionó el Arzobispo de Lima en una columna escrita para el diario El País.
En este mismo espacio, relató que en 1987, cuando se desempañaba como vicario de jóvenes de la pastoral universitaria, tuvo un altercado con sodalités, quienes se querían apropiar de capillas e imponer en ese lugar sus símbolos.
Hicieron un informe, denunciándolo ante el cardenal Augusto Vargas, quien le dijo “acaban de estar aquí los del Sodalicio y les he dicho que esto no es la Gestapo”, visiblemente fastidiada por el accionar del grupo religioso.
Luego, en el 2019, cuando fue designado como arzobispo de Lima, comentó que un joven le confesó que en el Sodalicio le había dado pastillas para la esquizofrenia, que nunca había necesitado antes. No le alcanzaba el dinero para pagar las deudas que contrajo para pagar los medicamentos. “Han experimentado conmigo”, le afirmó.
“Mi feligrés de Lima, que ahora vive en Santiago de Chile, maltratado por un experimento de ustedes en su psique, necesita esta ayuda y les exijo que, al menos, salven esta deuda mínima”, le dijo al superior general. Luego, le dieron el monto necesario.
Carlos Castillo cuenta que como teólogo y sociológo comenzó a cuestionarse qué era realmente el Sodalicio de Vida Cristiana y llegó a la conclusión de que se había convertido en un lugar donde la religión era instrumentalizada para fines políticos.
“Figari coincide con Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, un depravado en lo personal y con un proyecto político económico escondido tras una fachada religiosa. “¿Por qué han experimentado con este chico?”, me pregunté. No era el único. Es lo que hicieron con víctimas como Rey de Castro, conocido por ser un “esclavo de Figari”: servilismo y control mental”, sostiene.
En ese sentido, su hipótesis era que ela organización era “la resurrección del fascismo en América Latina”, y que usa la Iglesia a través de métodos sectarios.
“El uso de la religión para fines ajenos a la extensión de la buena noticia de Jesús es lo más destructivo para la Iglesia Católica. Por ello, he llegado a la conclusión que en el Sodalicio no hay carisma. Solo hay carisma cuando la persona recibe un don del espíritu para toda la Iglesia y sus obras son buenas”, expresó.
“El fundador y el grupo pueden cometer errores y pecados, pero el balance es altamente positivo por las obras buenas generadas. Figari, en cambio, verificado como abusador, y con él gran parte del núcleo fundacional y otros, inventó un presunto carisma para proteger un proyecto político y sectario. Este experimento lo compraron gente bienintencionada que creían que era un proyecto bueno para luchar por Perú. Pero no es este el camino. No el de la manipulación sectaria”, añade.
Testigo del caso declara
Martin Scheuch, uno de los testigos en el caso del Sodalicio ha declarado que la denuncia presentada contra el monseñor Jordi Bertomeu, por parte de dos católicos peruanos que se encuentran en camino de ser excomulgados, es un intento de obstruir la justicia eclesiástica. Explicó que amenazar con llevar el caso a tribunales civiles, cuando podría resolverse por la vía canónica, busca interferir en el proceso eclesiástico.
Como se recuerda, a finales de septiembre, el Papa Francisco envió una carta a Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, quienes habían denunciado a Bertomeu ante el Ministerio Público. En la misiva, se les advertía que debían cumplir ciertos requisitos para evitar la excomunión de la Iglesia Católica. Según los denunciantes, esto implicaría no poder presentarse públicamente como católicos ni representar a la institución. Lo último que se supo de este proceso es que ambos habían logrado contactar con la Santa Sada, para que su caso sea revisado.