A partir del 1 de diciembre, el Gobierno peruano empezará a retener el 18% por concepto de Impuesto general a las ventas (IGV) a las plataformas digitales no domiciliadas que brindan servicios digitales y bienes intangibles en el Perú, con lo cual equipararán el terreno con las empresas locales que ya pagaban este tributo.
El Decreto Legislativo N° 1623, que modifica la actual Ley de IGV, no representa la creación de un nuevo impuesto, aclara la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), sino que grava a las empresas que durante mucho tiempo operaron en desigualdad de condiciones en territorio nacional.
Originalmente, la norma debía entrar en vigencia desde el 1 de octubre, pero se decidió finalmente postergarla hasta el 1 de diciembre, con lo cual los primeros ingresos para el erario peruano se generarán en enero del 2025.
Sin embargo, hasta inicios de octubre solo 4 de las 600 empresas identificadas por Sunat (unas 10 ó 12 concentran al 85% de consumidores en Perú) habían iniciado sus trámites para domiciliarse en el Perú, entre ellas, Netflix y HBO.
Al no domiciliarse localmente para pagar su 18% de IGV, la Sunat cobrará el impuesto a través de los agentes de retención, es decir, a través de los bancos y entidades financieras que utilizan los usuarios para adquirir sus servicios de streamming, por ejemplo. Se espera que el impuesto sea trasladado al consumidor final, en la mayoría de casos.
Con todo, este inminente cobro del 18% del IGV entre plataformas como Zoom, Spotify, Adobe, PlayStation, entre otros, nos plantea la duda de cuáles serán los efectos inmediatos no solo para el consumidor local, sino para el mercado y la competitividad de las empersas.
Mayores costos para las empresas que anuncian por Internet
El cobro del 18% de IGV a las plataformas digitales no domiciliadas en Perú podría ralentizar la adopción tecnológica en el país, según Juan Santivañez, socio del estudio contable BKR Santivañez.
Este impuesto afectará a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que dependen de servicios digitales para sus operaciones, como herramientas de gestión en la nube y servicios de almacenamiento. La medida podría impactar negativamente en su capacidad de inversión y en sus márgenes de ganancia.
Así, las empresas peruanas que invierten en publicidad digital en plataformas internacionales como Google, Facebook o Instagram también enfrentarán un aumento en sus costos.
Esto podría llevar a una disminución en la inversión publicitaria digital o a una redistribución de los presupuestos hacia medios locales, afectando el panorama publicitario en el país.
La economía digital peruana, que ha mostrado un crecimiento significativo en los últimos años, podría enfrentar desafíos adicionales debido a esta nueva carga fiscal.
Herramientas como Google Drive y Amazon Web Services son esenciales para la gestión de datos y operaciones en línea, y su encarecimiento podría obligar a las empresas a buscar alternativas menos costosas o a reducir su uso.
Además, los consumidores también podrían experimentar cambios en los precios de los servicios que utilizan regularmente. La carga fiscal adicional podría trasladarse a los usuarios finales, afectando su acceso a servicios que se han vuelto esenciales en la vida diaria.
La ‘Tasa Netflix’ es positiva en su balance general
A pesar de que a corto plazo la tasa podría encontrar resistencia tanto de consumidores como de empresas, a largo plazo se espera que contribuya a equilibrar el terreno entre las compañías locales e internacionales, reconoce Santivañez.
Esta iniciativa se alinea con las tendencias globales hacia la regulación del comercio digital, promoviendo una mayor equidad fiscal entre todos los participantes en la economía digital.
Por tal motivo, la implementación de la tasa Netflix también podría fomentar un escenario de mayor competitividad para los servicios locales.
Al gravar a las grandes plataformas internacionales, se podría abrir una oportunidad para que las empresas peruanas ofrezcan alternativas competitivas en el mercado digital.
El principal objetivo de esta tasa es incrementar la recaudación fiscal en un contexto donde muchos países, incluido Perú, están en la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para enfrentar los desafíos económicos actuales.
La pandemia y otros factores globales han puesto presión sobre las finanzas públicas, y esta medida se presenta como una solución para captar ingresos de un segmento que anteriormente no estaba gravado de manera eficiente.