La presidenta de la República y el resto del Ejecutivo han elogiado sus propios intentos de detener la crisis de inseguridad que atraviesa el Perú. A pesar de los constantes asesinatos y denuncias de extorsión, Dina Boluarte y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, han defendido la decisión de decretar en estado de emergencia más de una docena de distritos de Lima y Callao. Sin embargo, desde la ciudadanía, la percepción sobre sus acciones es distinta.
Datum Internacional ha revelado que 86% de los peruanos y peruanas consideran que el gobierno no tiene una estrategia para garantizar la seguridad ciudadana en el país. La cifra dista del 12% que cree que la jefa de Estado si cuenta con un plan para atender uno de los principales problemas de los ciudadanos de a pie. En noviembre del año pasado, los encuestados respondieron a la misma pregunta y entonces aquellas que consideraban que no existía estrategia alguna ascendía a 78%.
Juan José Santiváñez, al decretar el estado de emergencia por 60 días, anunció que renunciaría al cargo si acaso la medida no llegaba a cumplir con las expectativas planteadas. El trabajo del ministro del Interior ha sido duramente cuestionado dado que la ola de extorsión, asesinatos, secuestros y robos continúa y, sobre todo, por el error que cometió al anunciar la captura del segundo al mando de Sendero Luminoso cuando se trataba de un exvinculado al grupo terrorista.
Según 49% de los encuestados, se debe esperar que se superen los 60 días del estado de emergencia para ver los resultados del plan, mientras que el 47% considera que el titular del Mininter debe presentar su carta de renuncia de inmediato. Desde la liberación de Quispe Palomino, poco se ha sabido del ministro. Desde la Policía Nacional del Perú (PNP) se ha manifestado el respaldo a su labor.
Responsabilidad compartida
El 50% de la población asegura que ellos o sus familiares han sido afectados por la inseguridad ciudadana en los últimos tres meses. A este preocupante dato se suman los altos niveles de desconfianza hacia las autoridades responsables de garantizar la justicia y la seguridad. Cuando se les preguntó sobre los principales culpables de la crisis de inseguridad, el 44% de los encuestados responsabilizó a la presidenta Dina Boluarte, mientras que el 40% señaló al Congreso. Además, el 31% apuntó a jueces y fiscales, mientras que la PNP y los alcaldes fueron mencionados por el 9% y 4% respectivamente.
A mediados de septiembre de este año, ocho de cada diez peruanos manifestaron no sentirse seguros al salir de sus casas. En Lima, el 81% de los habitantes afirmó sentirse inseguro al transitar por las calles, mientras que en las regiones del interior del país, la percepción de inseguridad alcanzó un promedio del 73%. Además, el Barómetro de Seguridad reveló que el 28% de los ciudadanos no se siente seguro ni siquiera dentro de sus propios hogares.
Al ser consultados si conocían a alguien que había sido víctima de extorsión, el 47% dijo no tener vínculo con alguna persona amenazada por las organizaciones criminales. 37% dijo que sí mientras que 8% dijo que alguien de su hogar eran, en la actualidad víctimas de extorsión. Aquellos que lo habían sido en el pasado también llegaba a ser 8%. Las cifras aparecen días antes de que inicie un paro nacional al que se han sumado diversos gremios que reclaman garantías de seguridad para trabajar tranquilos.