Poder Judicial exige al Congreso aprobar ley de flagrancia y critica liberaciones indebidas de criminales

El Poder Judicial ha solicitado al Congreso de la República que remita cualquier proyecto de ley relacionado con su institución para una revisión previa, con el objetivo de asegurar que las reformas sean adecuadamente consideradas.

Esta petición se enmarca en un contexto de preocupación por la liberación indebida de criminales por parte de jueces, un tema que ha generado controversia en el país. En un comunicado difundido a través de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, los jueces supremos de la Sala Plena de la Corte Suprema expresaron su firme condena a estas liberaciones y urgieron al Congreso a aprobar la ley de flagrancia.

“Requerimos que el Congreso de la República remita los proyectos de ley relativos al Poder Judicial para nuestra opinión previa (...) Continuaremos designando jueces supremos para que monitoreen los cortes superiores de justicia”, señala el pronunciamiento.

El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, enfatizó la importancia de mantener la independencia judicial y recordó a los poderes públicos la necesidad de respetar la separación de poderes. En su declaración, Arévalo subrayó el compromiso del Poder Judicial con la defensa de la independencia de los jueces, instando a una reflexión sobre el respeto que se debe a este principio fundamental.

“El Poder Judicial es férreo defensor de la independencia de los jueces. Llama a la reflexión a los poderes públicos del respeto que deben a la Independencia judicial y al principio de separación de poderes”, se lee en el comunicado.

El escrito también destacó la necesidad de soluciones integrales y urgentes para enfrentar la situación crítica que atraviesa el país, siempre dentro del marco constitucional. En este sentido, el Poder Judicial reafirmó su intención de continuar designando jueces supremos para monitorear las cortes superiores de justicia, con el fin de garantizar una adecuada administración de justicia en todo el territorio nacional.

La institución judicial ha manifestado su preocupación por las liberaciones indebidas y ha instado al Congreso a actuar con celeridad en la aprobación de la ley de flagrancia, que busca abordar este problema. Además, el Poder Judicial ha solicitado que cualquier iniciativa legislativa que afecte su funcionamiento sea sometida a su consideración antes de ser aprobada, asegurando así que las reformas sean debidamente evaluadas.

Dina Boluarte enfrenta una investigación por presunto delito de negociación incompatible en perjuicio del Estado, vinculado al caso Qali Warma. El Poder Judicial ha reprogramado la audiencia de control del plazo para el miércoles 23 de octubre a las 11:00 horas, según informaron en sus redes sociales oficiales. Esta sesión estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.

El proceso judicial se centra en cuatro presuntas contrataciones por un monto total de 47 mil soles, que habrían favorecido a Víctor Hugo Torres Merino y a su hermano, Nicanor Boluarte. En abril de este año, Boluarte fue citada para declarar sobre este caso, pero se acogió a su derecho al silencio.

Sin embargo, el pasado 26 de agosto, la presidenta acudió a la sede del Ministerio Público en el Callao para rendir declaraciones, donde respondió entre 40 y 45 preguntas, incluidas las de la procuradora del Estado, María Caruajulca Quispe. Su abogado, Juan Carlos Portugal, destacó que Boluarte solo estaba obligada a contestar las preguntas del exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

Portugal también señaló que la investigación, que lleva aproximadamente 10 meses, se encuentra en el ámbito de las diligencias preliminares por decisión del Poder Judicial. “Hemos solicitado la conclusión de la investigación porque el plazo ha vencido”, declaró a los medios de comunicación.

El caso también involucra a Fredy Hinojosa, actual vocero del despacho presidencial, quien fue vinculado en mayo de este año por su participación como director del programa Qali Warma.