Perú se enfrenta a un crítico retroceso en la libertad de expresión y de prensa, según el Índice Chapultepec 2024. El país sudamericano descendió del puesto doce al dieciséis, entrando por primera vez en una calificación de alta restricción sobre estos derechos fundamentales. El reporte revela un deterioro continuo que alcanza su punto más grave este año, agudizado por una pérdida acumulada de casi 34 puntos desde 2021. Según el informe, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo son las principales fuerzas detrás de esta situación negativa.
El índice destaca el impacto devastador del caso Rolex, una investigación que sacudió la agenda pública en marzo de 2024 al cuestionar la procedencia de lujosos relojes y joyas de la presidenta Dina Boluarte. A raíz de esta exposición, la Fiscalía inició una pesquisa por presunto enriquecimiento ilícito. La cobertura mediática de este caso se complicó debido a “comentarios estigmatizantes” de Boluarte, quien calificó las noticias de “tendenciosas y falsas”. Incluso, alegó que se utilizan los medios de comunicación para generar caos e incertidumbre en perjuicio del país.
Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) registró 251 ataques contra la prensa entre enero y setiembre del presente año. En ese sentido, en la categoría referida a la actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios, el país obtuvo solo 8,16 puntos de un total de 40.
Aunque el Congreso fue descrito como moderadamente negativo, también se consideró como una de las fuerzas políticas más hostiles con la libertad de expresión y prensa. “En julio último, por ejemplo, el entonces presidente del Congreso, Alejandro Soto, impidió el acceso de la prensa a la sesión de la comisión permanente, donde se discutía la elección de los nuevos integrantes de la mesa directiva. Semanas después, el mismo parlamentario decidió denunciar por difamación agravada a Yessica Bazalar Sequeiros y Carlos Carrillo Berveño, periodistas de Radio Universal y Cusco en Portada, respectivamente, por emitir opiniones críticas sobre su desempeño como congresista”, precisó el documento.
Al mismo tiempo, la situación civil se ha visto agravada por el aumento de la inseguridad ciudadana, reporta el índice. En especial, las extorsiones en Lima han provocado un paro nacional de transportistas, exigiendo seguridad. A pesar de esta crisis, el Congreso de la República insiste en mantener la criticada Ley 32108, sugiriendo que “ha generado incentivos para que las organizaciones delictivas crezcan”.
En la categoría de Control de Medios y Periodistas, el país muestra un desempeño relativamente mejor con 19 puntos de un total de 30, pero no sin problemas. Aunque se observa “independencia en sus publicaciones”, persisten obstáculos como “agresiones contra periodistas” no solo originadas en el entorno gubernamental sino también judicial y legislativo.
El caso del periodista Gustavo Gorriti subraya la vulnerabilidad de las fuentes periodísticas, cuando se le exigió entregar información de su teléfono, amenazando su “derecho a la reserva de fuentes”.
En una línea similar, el informe destaca que el ministro Juan José Santiváñez que pidió “controlar” al periodista Marco Sifuentes luego del caso Rolex, amenazó semanas después a los periodistas Ricardo Velazco y César Hildebrandt, reportero y director del semanario Hildebrandt en sus Trece, respectivamente.
“Durante una entrevista televisiva tildó a Velazco de “miserable” y señaló: “Yo voy a recurrir a todas las instancias legales, no solamente para iniciar una acción legal contra él, sino también contra el semanario y, lógicamente, contra su fundador […]“. Ello luego de que el medio diera cuenta de una supuesta participación del ministro en un esquema de lavado de activos, de acuerdo con la confesión de un acusado por narcotráfico”, advirtieron.
Aunque el tejido institucional de la sociedad civil y los medios de comunicación permiten la continuidad del periodismo independiente, el panorama se encuentra impregnado de riesgos. El informe recalca la encrucijada crítica en la que se halla Perú, situándose entre los 7 países con la peor evaluación en el Índice Chapultepec, por encima tan solo de naciones como Venezuela y Nicaragua.
“Solo respecto del año anterior, bajó 4 posiciones, y el nivel de ataques hacia periodistas y medios se mantiene estable en un nivel peligroso. Junto a ello, la desinformación como vía de defensa ante denuncias periodísticas se ha activado de parte de actores del gobierno en distintos momentos”, concluye el informe.