Un peruano fue detenido en Venezuela por “conspirar” contra Nicolás Maduro

Renzo Huamanchumo y otros 18 extranjeros fueron presentados por el régimen venezolano como “mercenarios” dirigidos por Estados Unidos y España

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Este jueves, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, presentó la identidad de 14 de los 19 “mercenarios” extranjeros detenidos. Asimismo, resaltó que existiría una operación internacional para atentar contra el dictador venezolano Nicolás Maduro y desestabilizar el régimen chavista.

En una rueda de prensa, Cabello se refirió a la captura de “un grupo de mercenarios” que, según sus declaraciones, estaría implicados en una coordinación entre la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU (CIA), la Administración de Drogas de EE.UU. (DEA) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España.

“Es una política del imperialismo, sin ninguna duda, en este caso con sus elementos de acción, dirigidos por la (la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) CIA  y el (Centro Nacional de Inteligencia) CNI español, que es el que está al frente directamente de la operación”, apuntó.

Entre los detenidos figura el peruano identificado como Renzo Yasir Huamanchumo Castillo, así como los estadounidenses Gregory David Weber, asociado, según el régimen de Maduro, a operaciones de hackeo a instituciones estatales, y David Gutenberg Guillaume, quien tendría la misión de “prestar ayuda en caso de heridos en las actividades terroristas”.

“A todos estos ciudadanos extranjeros se les garantizan sus derechos, pero sus Gobiernos deben asumir que están viniendo a Venezuela a conspirar contra un país, a atacar objetivos civiles y militares, objetivos de servicios públicos, para hacerle daño a nuestro país”, recalcó el ministro.

Jonathan Pagan González, otro estadounidense detenido, es acusado de buscar “atentar” contra el presidente y otros altos funcionarios.

También se capturó a Jorge Marcelo Vargas, de nacionalidad americana y boliviana, quien, según Cabello, fue interceptado tomando fotografías en refinerías del país. En el grupo también hay dos colombianos y un libanés.

Tráfico de armas

El ministro venezolano Diosdado Cabello presentó un arsenal de más de 500 armas que habrían sido incautadas a los detenidos en diversos operativos efectuados en distintas fechas y lugares. Afirmó que este material bélico formaría parte de planes desestabilizadores.

“El plan es el derrocamiento de la revolución bolivariana”, remarcó el alto funcionario chavista, refiriéndose a la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo tras el presunto fraude cometido en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

El 14 de septiembre, se anunció la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo. Los norteamericanos fueron identificados como Wilbert Josep Castañeda, presunto “jefe” de la estrategia contra el régimen; David Estrella y Aaron Barren Logan. Los españoles fueron identificados como José María Basoa y Andrés Martínez Adasme. Solo dos días después, se confirmó el arresto de un estadounidense más.

“Los estadounidenses detenidos en Venezuela están muy bien, están mejor que los que están en Guantánamo (…) a todos estos ciudadanos extranjeros se les respetan sus derechos”, indicó.

El gobierno venezolano sostiene que se están desarrollando planes “terroristas” para forzar la salida de Maduro de la presidencia, cuya reelección desató violentas protestas que tuvieron como consecuencia 27 muertos y más de 2.400 arrestados.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Miguel Gutiérrez

Crímenes en las elecciones de 2024

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela detalló que existen “motivos razonables” para considerar que el régimen de Maduro habría incurrido en crímenes de lesa humanidad que se habían producido tanto antes como después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

En el informe, compuesto por 158 páginas y que cubre el periodo del 1 de septiembre de 2023 al 31 de agosto de 2024, la Misión acusa a las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamental de cometer asesinatos, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual y de género.

Según el documento, las fuerzas de seguridad se involucraron “masivamente” en presuntas violaciones de derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir a los protestantes, tratos crueles y degradantes. Asimismo, se señala como responsables a los Servicios de Inteligencia Civil (SEBIN) y Militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

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