El proyecto de irrigación Majes Siguas II en Perú es nuevamente objeto de una controversia legal internacional, luego de que la empresa española Cobra, propietaria de la concesionaria Angostura-Siguas, cumpliera con presentar un arbitraje de inversiones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).
Este movimiento se produce tras una serie de desacuerdos con el Estado peruano sobre el contrato de concesión, que ya se tenía en el radar de los tenedores del proyecto desde hace algunos años. En realidad, el arbitraje internacional siempre estuvo latente y desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) se intentó evitarlo a toda costa.
El conflicto se remonta a octubre de 2021, cuando la concesionaria Angostura-Siguas, compuesta por Cobra Instalaciones y Servicios SA, Cobra Infraestructuras Hidráulicas SA y Cobra Perú SA, notificó a las autoridades peruanas su intención de retirarse del proyecto.
La empresa alegó la falta de respaldo y garantías del Estado peruano para la financiación, además de incumplimientos en los plazos establecidos. En respuesta, Cobra solicitó la caducidad del contrato.
El Consejo Regional de Arequipa (CRA) había confirmado en mayo de este año que Cobra iniciaría el arbitraje de inversiones, el cual fue registrado por la Secretaría del CIADI el 16 de octubre de 2024.
Fuentes de Infobae Perú confirmaron que la concesionaria sostiene que el Estado peruano incumplió el contrato bajo el Reglamento de Arbitraje de la Convención CIADI.
Cobra lleva a Majes Siguas II ante el CIADI
En un intento previo de resolver la disputa, el Gobierno Regional de Arequipa había iniciado un procedimiento arbitral contra Angostura-Siguas en el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Sin embargo, Cobra se opuso a este arbitraje, argumentando que la controversia debía ser resuelta en una instancia internacional, como el CIADI.
En julio de 2024, el tribunal arbitral designado en Lima se declaró sin jurisdicción para resolver el conflicto, obligando al Gobierno Regional de Arequipa a asumir las costas del procedimiento.
El monto reclamado por Cobra en el arbitraje asciende a US$1.400 millones, lo que refleja la magnitud del desacuerdo entre las partes.
Este caso subraya las complejidades de los contratos de concesión en proyectos de infraestructura de gran escala y las dificultades que pueden surgir cuando las expectativas de las partes no se alinean.
Majes Siguas I también con retraso
Ángel Manero, ministro de Midagri, ha señalado antes su interés de adjudicar el proyecto de irrigación Majes Siguas I al gobierno de Canadá para acelerar su ejecución.
Este proyecto, ubicado en Arequipa, busca incorporar 38.500 nuevas hectáreas a la frontera agrícola para la agroexportación. La estrategia se basa en un acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G), similar al utilizado para la presa Palo Redondo y la tercera línea del Sifón Virú del proyecto Chavimochic III en La Libertad.
Durante su intervención ante la Comisión Agraria del Congreso de la República, Manero explicó que el contrato G2G con Canadá para Chavimochic III ya está en marcha, con el expediente técnico en proceso de afinación para iniciar las obras el próximo año.
Este modelo de colaboración busca destrabar grandes proyectos de irrigación que han enfrentado retrasos significativos.
El proyecto Majes Siguas I y su presa intermedia son parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la infraestructura de riego en el país, lo que permitiría un aumento en la producción agrícola destinada a la exportación.
La colaboración con Canadá se presenta como una solución para superar obstáculos administrativos y técnicos que han impedido el avance de estas obras cruciales para el desarrollo agrícola de Perú.
La experiencia previa con el proyecto Chavimochic III ha demostrado que los acuerdos G2G pueden ser efectivos para agilizar procesos y asegurar la continuidad de proyectos de gran envergadura.
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