La Junta de Fiscales Supremos nombró a Delia Espinoza como nueva fiscal de la Nación. La magistrada será la sucesora de Juan Carlos Villena, quien asumió la dirección del Ministerio Público, de forma interina, tras la destitución de Patricia Benavides.
Una vez que la Junta Nacional de Justicia oficializó la destitución de Benavides, los cuatro fiscales supremos, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos, Pablo Sánchez y Delia Espinoza, debían reunirse para acordar quién estaría a cargo del Ministerio Público por los próximos tres años.
El artículo 37 de la Ley Orgánica del Ministerio Público establece que el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos, entre sus miembros, por un período de tres años, prorrogable por reelección solo por otros dos años más.
La reunión de los cuatro fiscales supremos se programó para este viernes e inició a las 9:30 a. m. La información que trascendió era que la elección estaba entre Espinoza y Villena, pues Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos ya ocuparon el cargo anteriormente. Asimismo, tanto Ávalos como Sánchez, ya habían manifestado públicamente que no deseaban ser reelegidos.
A partir de ahora, Delia Espinoza será la encargada de liderar las investigaciones que la presidenta Dina Boluarte tiene pendientes en el Ministerio Público.
Cabe señalar que no es la primera vez que la magistrada dirige investigaciones contra personajes políticos, pues ella se desempeñaba como Fiscal Suprema Titular en el Despacho de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Fue al mando de este despacho que presentó una denuncia constitucional contra su predecesora, Patricia Benavides.
Hoja de Vida
Según el portal del Estado Peruano, la nueva fiscal de la Nación estudió derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Cuenta con una maestría en Derecho y Ciencias Penales de la Universidad San Martín de Porres y una maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo.
Su carrera en el Ministerio Público inició en julio de 1996 cuando fue nombrada como Fiscal Adjunta Provincial Provisional, cargo en el que permaneció hasta junio del 2001.
De abril de 2002 a enero de 2009, se desempeñó como Fiscal Provincial Titular. Posteriormente, fue nombrada Fiscal Superior Titular, cargo que ocupó hasta enero de 2022.
En enero de 2022, fue designada como Fiscal Suprema Provincial, cargo que ejerció hasta junio del mismo año. Luego, el Ministerio Público la nombró representante ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) desde noviembre de 2022 hasta diciembre de 2023.
Delia Espinoza se desempeña como representante alterna del Ponabi desde diciembre de 2021 hasta la actualidad. Asimismo, desde esa misma fecha, ocupa el cargo de Directora del Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público (CAIMP).
Espinoza está a cargo de la elaboración del proyecto para la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público. Además, fue nombrada Fiscal Suprema Titular en junio de 2022, cargo que ocupa hasta el día de hoy.
Oposición del Congreso
En los últimos meses, la relación entre el Ministerio Público, el Congreso y el Ejecutivo ha estado tensa. Mientras que los ministros y la presidenta acusan a la Fiscalía de no realizar su trabajo de forma adecuada y “liberar delincuentes”, desde el Congreso, se presentan leyes que atentan contra la autonomía de la institución.
Tras conocerse el nombramiento de Delia Espinoza como Fiscal de la Nación, surgieron las primeras voces en contra. El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, cuestionó la legalidad del proceso, al que calificó como una “elección exprés” que, según afirmó, no contó con el quórum necesario.
Muñante no es el único congresista que se opone a Espinoza, pues la nueva fiscal de la Nación tiene una denuncia constitucional presentada por cinco parlamentarios: Patricia Chirinos, Edgar Tello, Luis Aragón, Luis Cordero Jon Tay e Ilich López.
Lo curioso es que estos congresistas forman parte de la investigación que Delia Espinoza inició contra Patricia Benavides por el presunto delito de tráfico de influencias.