El comandante Víctor Oliva, jefe del Departamento de Protección de Funcionarios del Estado y Personalidades (DEPPFEP), comunicó este miércoles a la fiscal superior Marita Barreto que la institución le retiró de manera temporal el servicio de seguridad debido a la suspensión de seis meses que enfrenta por parte de la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público.
A través de un documento difundido por Latina, el mando policial detalló que ante la “medida cautelar de apartamiento preventivo” y su “remoción” como coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), “corresponde la suspensión del servicio de seguridad y protección personal que se le estaba brindando”.
Barreto, investigada de manera preliminar por supuestamente filtrar información de uno de sus casos, ha considerado que la suspensión en su contra es una “medida arbitraria y desproporcionada”, ya que fue notificada sin que se le permitiera presentar un descargo previo.
La magistrada indicó la semana que esta disposición “contribuye en desestabilizar el trabajo y los casos” que tiene a cargo el Eficcop, que investiga actualmente a Nicanor Boluarte, hermano de la jefa de Estado, para quien ha solicitado 36 meses de prisión preventiva, al igual que para el abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, acusados de presunto tráfico de influencias.
“Defenderé mi verdad en todas las instancias pertinentes (...) Me quedo con la conciencia tranquila de haber actuado siempre conforme a ley y la Constitución. Estas denuncias basadas en mentiras que buscan desprestigiarme no doblegaran mi espíritu inquebrantable en la lucha frontal contra la criminalidad que el Eficcop ha demostrado y que los ciudadanos han sido testigos”, señaló.
Barreto explicó, además, que la decisión de la ANC se basa “exclusivamente” en información del programa Contracorriente de Willax y se sustenta en una serie de puntos, como haber ordenado una denuncia contra el periodista Carlos Paredes, escribir artículos para un libro de derecho penal con otro fiscal del Eficcop y filtrar información al mencionado programa televisivo.
“Niego categóricamente estos tres hechos pues (...) he dirigido un equipo humano de primer nivel, fomentando en los fiscales una conducta con un elevado sentido de justicia, probidad, lealtad institucional, transparencia de sus actos con ética y moral de todos sus integrantes, trabajo del que han sido testigos los ciudadanos (...) Los hechos imputados no se condicen con la medida desproporcionada de apartarme del Eficcop, pues, no existe ningún riesgo para la investigación de la ANC mi permanencia a cargo del Equipo Especial”, anotó.
La fiscal fue notificada por la ANC una semana después de que el Ministerio Público abriera una investigación preliminar en su contra por presuntamente filtrar información a Paredes. La pesquisa, iniciada el 2 de octubre, se centra en el posible delito de revelación indebida de identidad y omisión de actos funcionales, basada en el testimonio de Paredes, quien aseguró que la magistrada le reveló información sobre una investigación al parlamentario Guillermo Bermejo (Juntos por el Perú) por supuesta afiliación terrorista.
La investigación durará 60 días e incluye requerimientos a los medios Willax y RPP para obtener copias de entrevistas. El legislador fue quien denunció a Barreto por este caso y solicitó su suspensión, allanamientos en su domicilio y oficina, incautación de su ordenador y una declaración.
En junio pasado, la fiscal presentó una denuncia por presunto seguimiento irregular contra tres policías que se encontraban fuera de su casa en Lima sin autorización y dieron explicaciones confusas sobre su presencia. Barreto reportó el caso en la comisaría de Jesús María.
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