Gobierno insiste en tipificar el delito de terrorismo urbano a pesar de rechazo de transportistas y cambios aprobados en el Congreso

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, indicó que el Gobierno de Dina Boluarte insiste con la tipificación del delito de terrorismo urbano, a pesar de que los gremios de transportistas rechazan esta medida, y en el Congreso de la República esta figura fue reemplazada por la de “criminalización sistemática”.

En conferencia de prensa junto a los titulares de los Ministerios de Economía, José Arista; Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini; y Educación, Morgan Quero, el premier hizo un llamado al Parlamento para que se utilice el término que el Ejecutivo propone.

“Nosotros quisiéramos llamar a las cosas por su nombre, eso se llama terrorismo urbano, y esperamos que en esa dimensión sea recogido en el instrumento legal que pronto aprobará el Congreso”, dijo.

De acuerdo con Adrianzén, si bien el Ejército y la Policía Nacional del Perú (PNP) cuentan con dispositivos legales que les permite usar legalmente sus armas de fuego, incluso de forma letal, mencionó que algunos fiscales deciden abrir investigaciones por este motivo.

“Cuando un efectivo policial, en pleno ejercicio de sus funciones, hace uso de su arma de fuego, resulta que termina siendo denunciado. Por eso es tan importante que el Congreso de la República reflexione sobre la necesidad que tenemos de que se tipifique correctamente el delito de terrorismo urbano”, comentó.

“Tipificado el delito de terrorismo urbano, nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendrán un marco legal que garantice frente a cualquier circunstancia, como estos estados de emergencia, para que pueda ejercer regularmente sus funciones (...)”, añadió.

Durante la sesión del Pleno de este miércoles 16 de octubre, el Legislativo aprobó por mayoría, y en primera votación, un texto sustitutorio del proyecto de ley de terrorismo urbano, para utilizar el término criminalidad sistemática en el Código Penal Peruano,

Si los parlamentarios apoyan la medida en segunda consulta, se impondrá cadena perpetua a aquellos delincuentes que utilicen granadas y otros artefactos explosivos para cometer delitos como extorsión, secuestro, sicariato, homicidio calificado y robo agravado.

Durante el debate, se presentaron opiniones divididas. Algunos legisladores, como Ruth Luque, del Bloque Democrático Popular, expresaron su desacuerdo por lo apresurado de la votación, que implicaba una única modificación al Código Penal. Otros, sin embargo, consideraron que era necesario ofrecer una respuesta a la ciudadanía frente a la creciente inseguridad.

El Congreso también aprobó una modificación a la Ley de Crimen Organizado, a pesar de las solicitudes de diversos gremios, como el de los transportistas, que pedían su derogación. La votación resultó en 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por el congresista Isaac Mita, presentó un nuevo texto sustitutorio que modifica la Ley 30077, conocida como la Ley de Crimen Organizado. Esta había sido previamente alterada por la Ley 32108.

La bancada de Fuerza Popular fue uno de los principales apoyos de la propuesta, con 19 votos a favor. Le siguieron Alianza para el Progreso con 10 votos y Podemos Perú con 6. Por su parte, Perú Libre registró 9 votos a favor y 1 en contra, mientras que Renovación Popular y Acción Popular aportaron 9 y 8 votos a favor, respectivamente.

El Bloque Magisterial mostró una división interna con 4 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Avanza País sumó 7 votos a favor y 1 abstención, mientras que Cambio Democrático-Voces se opuso con 8 votos en contra.

Somos Perú apoyó la modificación con 7 votos, mientras que la Bancada Socialista tuvo 4 votos en contra y 1 abstención. Honor y Democracia registró 2 votos a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. El Bloque Democrático reportó 4 votos en contra y 1 abstención, y entre los congresistas no agrupados, 2 votaron en contra y 1 se abstuvo.