El grupo Telefónica mantiene una reclamación contra el Estado peruano por un total de 1.122 millones de euros (unos 1.217 millones de dólares al tipo de cambio) que espera resolver lo antes posible, según informó El Economista de España.
Esta cifra corresponde a daños y perjuicios históricos relacionados con impuestos y provisiones fiscales de tributos que aún están pendientes de pago en Perú.
La resolución de este caso se espera para finales de febrero o principios de marzo de 2025, cuando se conocerá el resultado del arbitraje que se lleva a cabo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
El proceso de arbitraje, que ya lleva más de tres años en curso, es crucial para determinar si Telefónica podrá recuperar los pagos ya realizados al fisco peruano, que ascienden a 572,5 millones de dólares (523,6 millones de euros).
Estos pagos, según la empresa, fueron efectuados de manera contraria a derecho. Además, Telefónica busca desbloquear provisiones fiscales por otros 647,2 millones de dólares (592 millones de euros), que considera violan los acuerdos bilaterales de inversión entre España y Perú.
El equipo jurídico de Telefónica, junto con el bufete de abogados Uría Menéndez, está evaluando sus opciones en el Ciadi para resolver estas disputas fiscales.
En el mejor de los escenarios, la empresa podría decidir el destino de estas provisiones, ya sea manteniéndolas en un país con alta inseguridad jurídica o reduciendo su deuda.
Además de las cantidades mencionadas, Telefónica también reclama 7,4 millones de dólares (6,7 millones de euros) por costos relacionados con asesores legales y fiscales, así como por el establecimiento de fianzas en procesos locales.
Perú, el talón de Aquiles para Telefónica
Según el medio español, el 80% de las cantidades ya desembolsadas y provisionadas provienen de intereses acumulados por impagos no atribuibles a la empresa en sus operaciones en Perú.
Este litigio, que involucra a la adminsitración tributaria de la Sunat en Perú, podría establecer un récord en el Ciadi por su dimensión económica para una empresa española.
Telefónica presentó su denuncia ante el organismo el 12 de marzo de 2021, argumentando que las medidas del gobierno peruano violaban el Tratado Bilateral de Inversión entre España y Perú, específicamente el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).
El árbitro italobritánico Luca G. Radicati será el encargado de evaluar si el estado peruano actuó de manera justa y equitativa con Telefónica, y si cumplió con sus obligaciones de mantener la estabilidad y no expropiar sin compensación. La decisión final del arbitraje será determinante para el futuro financiero de Telefónica en Perú.
Telefónica ya le había ganado al Perú
En un fallo reciente, la Séptima Sala Contencioso Administrativa de Lima del Poder Judicial de Perú ordenó la devolución de tres cartas fianzas por un valor superior a S/371 millones a Telefónica.
Estas cartas habían sido presentadas por la empresa para suspender la cobranza de una deuda tributaria correspondiente al Impuesto a la Renta del año 2000, según informó el Poder Judicial.
A pesar de que las fianzas ya habían sido ejecutadas y aplicadas al pago de la deuda, el tribunal decidió su devolución. Esta decisión se produce después de más de dos décadas de litigio, durante las cuales la Sunat había obtenido una sentencia definitiva favorable al fisco peruano.
Esta sentencia permitió, en junio de este año, la ejecución de las cartas fianzas que Telefónica había ofrecido como garantía para el pago de la deuda tributaria.
El caso ha sido seguido de cerca debido a su prolongada duración y al impacto financiero que representa. La resolución del tribunal ha generado diversas reacciones, considerando que las cartas ya habían sido utilizadas para saldar parte de la deuda confirmada por el Poder Judicial. La situación plantea interrogantes sobre los procedimientos legales y las implicaciones fiscales para grandes corporaciones en Perú.
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