Un nuevo caso de extorsión se reportó en San Martín de Porres, uno de los distritos declarados en estado de emergencia por el gobierno de Dina Boluarte. Presuntos sicarios detonaron una granada de guerra en la fachada de una vivienda multifamiliar, ubicada en la avenida Santa María, en la primera etapa de la urbanización Valle Azul de San Diego.
Según informó Buenos Días Perú, el incidente ocurrió en la madrugada de este miércoles 16 de octubre, cuando un miembro de la familia regresaba de una panadería y notó el artefacto explosivo, que detonó poco después. Afortunadamente, a pesar de los daños materiales significativos, no se reportaron heridos ni víctimas mortales.
La Policía Nacional del Perú (PNP) señaló que el ataque podría estar relacionado con actos de amedrentamiento dirigidos contra uno de los miembros de la familia, un empresario dedicado al rubro de la construcción civil. Según las primeras investigaciones, la víctima ya había sido amenazada previamente, cuando inició una obra para la implementación de pistas y veredas en Ancón.
Uno de los familiares de la víctima, quien prefirió mantener su identidad en reserva, relató que, aproximadamente tres meses atrás, desconocidos arrojaron una piedra que rompió una ventana del segundo piso de la misma vivienda y escribieron el nombre del empresario en la puerta de metal.
Tras la explosión, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos de criminalística. Además, la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) se desplazó al lugar para colaborar en las investigaciones y determinar las circunstancias exactas del ataque. Durante aproximadamente una hora, los agentes trabajaron en la recolección de evidencia.
La familia ya presentó la denuncia y espera que pronto las autoridades identifiquen a los responsables de este atentado. Por su parte, los vecinos piden una mayor presencia policial en la zona, pues temen que los delincuentes regresen y, esta vez, el ataque tenga víctimas mortales.
Línea 111
Como una de las medidas para terminar con la ola de extorsiones que afectan a cientos de empresarios, el gobierno de Dina Boluarte anunció la implementación de la Centra 111, un servicio gratuito que permitirá denunciar casos de extorsión.
“El Perú vive momentos decisivos que demandan la unidad de todos los peruanos y el uso de todas las herramientas necesarias para acabar con la delincuencia. Con la inauguración de la Central 111, hoy estamos dando un paso de vital importancia en la lucha contra la extorsión y otros métodos criminales que buscan arrebatar nuestra tranquilidad”, mencionó la mandataria el pasado 4 de octubre, cuando presentó el servicio.}
A casi diez días de la implementación de este servicio, varios empresarios ya han denunciado que no fueron atendidos e incluso que fueron bloqueados por la central. El último domingo, Panorama expuso el calvario de un empresario ferretero, quien lleva dos meses sin salir de su casa ni trabajar, debido a que extorsionadores le exigen el pago de S/ 50 mil para no atentar contra su vida ni la de su familia.
Cuando denunció su caso ante la Central 111, el agente que atendió su llamada le sugirió que acudiera a la comisaría del sector para formalizar la denuncia de extorsión y le aseguró que enviaría un patrullero para acompañarlo. Lamentablemente, la víctima tuvo que esperar varias horas, ya que no había unidades disponibles. Lo más indignante fue que, al llegar a la comisaría, no le recibieron la denuncia, y cuando intentó volver a comunicarse con la Central 111, descubrió que lo habían bloqueado.
Al ser cuestionado por esta denuncia, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aclaró que se reportaron demoras en la atención a las víctimas, pero negó que se haya bloqueado algún número.