Pleno del Congreso debate hoy la ley de ‘terrorismo urbano’ y modificación a norma del crimen organizado

En medio de la creciente crisis de inseguridad y los casos de asesinatos que se reportan diariamente, este miércoles 16 de octubre, el Pleno del Congreso inició el debate de dos importantes dictámenes relacionados con la lucha contra la delincuencia. El primero es la propuesta para incorporar el delito de “criminalidad sistemática”, anteriormente llamado “terrorismo urbano” en el Código Penal, y el segundo aborda la modificación de la Ley N.º 32108, más conocida como la ley contra el crimen organizado.

Este debate se retoma después de que ambos proyectos quedaran en un cuarto intermedio el pasado viernes 11 de octubre, durante una sesión extraordinaria del Congreso dedicada a la seguridad ciudadana. La razón principal del estancamiento fue la falta de consenso entre las diversas bancadas sobre los términos y el alcance de las reformas propuestas.

La sesión de hoy estaba programada para las 9:00 a. m., y solo unos minutos antes, la Comisión de Justicia presentó los textos sustitutorios de ambos proyectos, lo que generó el reclamo de algunos congresistas. El debate comenzó con el proyecto que plantea la modificación de la ley contra el crimen organizado.

Durante el último paro de transportistas, una de las demandas fue la derogación o modificación de la Ley N.º 32108, que busca fortalecer el marco legal para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, desde su promulgación, esta norma ha generado dificultades para la PNP y el Ministerio Público al ejecutar allanamientos.

Con la norma vigente, era necesaria la presencia del abogado del imputado para iniciar un allanamiento, y además excluía delitos graves como la extorsión y el sicariato. El nuevo texto presentado vuelve a tipificar la extorsión como delito y ya no exige la presencia del abogado o del imputado durante el allanamiento, aunque se requiere la participación de un defensor público en caso de incautación de bienes y que toda la diligencia sea registrada en video.

A pesar de estos cambios, el nuevo texto no alcanzó consenso, ya que algunos congresistas consideraron que debía regresar a la Comisión de Justicia, por lo que pasó a cuarto intermedio.

El proyecto que busca tipificar la criminalidad sistemática, anteriormente denominado “terrorismo urbano”, tampoco alcanzó consenso. Las principales críticas al nuevo texto sustitutorio se centraron en la lista de delitos incluidos. Por ejemplo, la congresista Elizabeth Medina reclamó que se criminalizara la “minería informal en proceso de legalización” y a los pequeños agricultores. Otros, como Ruth Luque, advirtieron que se había retirado el delito de tráfico de influencias, lo que beneficiaría a líderes políticos investigados.

El congresista José Cueto, de Honor y Democracia, cuestionó al presidente de la Comisión de Justicia por haber eliminado del texto el punto que daba cobertura legal a las Fuerzas Armadas y a la PNP para ser juzgados en el fuero militar por delitos cometidos en el marco del estado de emergencia.

Por otro lado, los congresistas Roberto Chiabra y Silvia Monteza criticaron al gobierno de Dina Boluarte, recordando que es el Ejecutivo quien debe liderar la lucha contra la delincuencia y que ya cuenta con las herramientas legales para hacerlo.

Finalmente, al no alcanzarse un consenso, el presidente de la Comisión de Justicia aceptó que el proyecto pase a cuarto intermedio. Ante esto, el tercer vicepresidente de la Mesa Directiva, Alejandro Cavero, hizo un llamado al presidente de esta comisión, Isaac Mita, para que se llegue a un consenso.