El Congreso aprobó la modificación de ley de crimen organizado, pero mantiene la polémica con la figura de los allanamientos

El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría, en primera votación, la modificación de la normativa relacionada con la Ley de Crimen Organizado, rechazando las demandas de los transportistas que solicitaban su derogación, argumentando que favorece a las organizaciones criminales.

Con 81 votos a favor, 23 en contra y 8 abstenciones, el Parlamento decidió exonerar la segunda votación del texto sustitutorio de los proyectos de ley 9055, 9100 y otros, que buscan reformar la Ley 32108, que modifica la Ley de Crimen Organizado.

La bancada de Fuerza Popular apoyó la propuesta con 19 votos a favor, seguida de Alianza para el Progreso con 10 y Podemos Perú con 6. Perú Libre tuvo 9 a favor y 1 en contra; Renovación Popular y Acción Popular aportaron 9 y 8 votos a favor, respectivamente. El Bloque Magisterial registró 4 a favor, 2 en contra y 1 abstención. Avanza País sumó 7 a favor y 1 abstención, mientras que Cambio Democrático-Voces votó en contra con 8 votos. Somos Perú apoyó con 7, la Bancada Socialista tuvo 4 en contra y 1 abstención. Honor y Democracia tuvo 2 a favor, 2 abstenciones y 1 en contra. El Bloque Democrático reportó 4 en contra y 1 abstención, y entre los no agrupados, 2 votaron en contra y 1 se abstuvo.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encabezada por el congresista Isaac Mita, presentó un nuevo texto sustitutorio que modifica la Ley 30077, Ley de Crimen Organizado, la cual ya había sido alterada por la Ley 32108.

Según el documento, se propone modificar el numeral 317.2 del artículo 317 del Código Penal, que define como organización criminal a cualquier grupo con una estructura compleja, compuesto por tres o más personas que, de manera concertada y coordinada, distribuyen roles para la comisión de delitos como extorsión, secuestro, sicariato y otros, “con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro de orden material”.

Además, se busca modificar el artículo 2° de la Ley 30077, estableciendo que la comisión de los delitos mencionados en el contexto de una organización conlleva una pena privativa de libertad igual o mayor a cinco años “en su extremo mínimo”.

También se busca modificar el numeral 3 del artículo 216 de la Ley 32130, que altera el Código Procesal Penal, estableciendo que el “registro e incautación se llevará a cabo con o sin la presencia del investigado, pero siempre con la obligación de contar con un abogado de la defensa pública, quien deberá estar presente desde el inicio del proceso”.

Y el numeral 7 del artículo 2 de la Ley de procedimiento (Ley 27379), que ahora exige que el fiscal convoque a la defensa pública para que “esté presente” en el allanamiento que realicen a investigados.

El Congreso, que recibió a líderes de los gremios que participaron en el último paro, ignoró el ultimátum de los transportistas sobre la derogación de la Ley 32130. Esta normativa exige la presencia de la defensa legal de los investigados para que los efectivos policiales y de la Fiscalía puedan realizar allanamientos. La decisión de los legisladores podría provocar un nuevo paro nacional programado para el martes 12 de noviembre.

A inicios de esta semana, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, que formó parte del gremio que acató el paro de 72 horas, convocó a sindicatos de todo el país a iniciar un paro indefinido para presionar al Congreso hasta que se derogue la Ley de Crimen Organizado y se archive la Ley de Terrorismo Urbano.

“Estamos indignados con este Congreso, que nos han hecho esperar horas para hablar de la derogación, y nos dijeron que no van a derogar la ley de Crimen Organizado y Terrorismo Urbano. Entonces señores, en estos momentos, nos estamos dirigiendo a la ubicación de todos los gremios para convocar un paro nacional indefinido”, expresó tras su salida de la segunda reuniób que sostuvo con los legisladores.