Al interior del Poder Judicial se ha generado una disputa entre su presidente, Javier Arévalo, y magistrados de la Corte Suprema a raíz de la intención del Congreso por aprobar normas que, según los jueces supremos, podrían afectar la independencia judicial.
Desde el 14 de octubre, agrupaciones como la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem), además de los integrantes de la Corte Suprema, han hecho llegar al despacho de Arévalo una serie de oficios y pronunciamientos públicos en los que se pidió, con carácter de urgencia, “la convocatoria a la Sala Plena Extraordinaria de los señores magistrados de la Corte Suprema”.
La intención de la reunión solicitada es de realizar un análisis de los alcances de los proyectos presentados en el Congreso que podrían afectar las funciones del Poder Judicial. Jusdem, por su parte, fue específico en las normas que desea debatir: un proyecto que sanciona hasta con prisión si se revocan detenciones preliminares, prisión preventiva o condenas contra presuntos criminales; además de otros 13 proyectos de ley promovidos por el Congreso que podrían afectar las funciones de los jueces.
Las reformas que el Congreso desea hacer se producirían en ámbitos como el código Penal, el Código Procesal Penal, el Código Procesal Constitucional y las normas de la Carrera Judicial y la Carrera Fiscal.
La respuesta de Arévalo: No entiende el rechazo a las sanciones para jueces
A raíz de la petición pública de los magistrados, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, convocó a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para el 18 de octubre a las 2:30 p.m.
La decisión de Arévalo, sin embargo, se produce luego de que se conociera su intención de “mantener prudencia para no afectar el presupuesto del 2025″, según informó La República. Esto, pese a que el 5 de agosto pasado el presidente del Poder Judicial criticó de manera pública y presencial la gestión de la presidenta Dina Boluarte por aplicar un recorte en el presupuesto del PJ para el próximo año.
“Quizás usted, señora presidenta, no lo sepa. Quizás el señor ministro de Economía no Lo sepa, pero un funcionario de nivel medio nos dice a un poder del Estado: ‘Por si acaso, les quito 3.500 millones y, sobre el saldo, recién vamos a discutir la aplicación de la Ley de Coordinación del Poder Judicial y El Ejecutivo sobre programación presupuestal’. Esa actitud es intolerable”, dijo Arévalo durante la ceremonia organizada por el Día del Juez.
Sin embargo, la calma de Arévalo sobre el debate de estas normas que afectan directamente al Poder Judicial también tendría que ver también con una postura personal sobre el proyecto que sanciona a jueces y fiscales: él sí está de acuerdo con la propuesta.
Según La República, Arévalo no entiende por qué algunas personas se oponen a este proyecto, pues considera que la sanción (hasta pena privativa de la libertad) recaerá sobre aquellos jueces y fiscales que “de manera irregular liberan a delincuentes capturados en flagrancia”.
La opinión del presidente del Poder Judicial no es nueva y, de hecho, ya era conocida. El 18 de marzo de este año -incluso antes de que se presente un proyecto de ley sobre el tema- durante una visita a Cajamarca, Arévalo pidió al Congreso que se desarrolle una propuesta legislativa al respecto.
En esa oportunidad, Javier Arévalo afirmó que “los jueces y fiscales son independientes, pero tienen que responder por eso (liberación irregular de delincuentes). Tiene que haber una figura penal que sancione e inhabilite a perpetuidad a quienes liberan a esas lacras que solo hacen daño a este país (...) Sería bueno que el Parlamento recoja mi voz. No más jueces que liberen asesinos”.
Javier Arévalo y el ‘terrorismo urbano’
Esta no es la primera norma polémica que cuenta con el apoyo del titular del Poder Judicial. En abril de este año, incluso antes de que existan los proyectos de ‘terrorismo urbano’ -ahora llamado por el Congreso ‘criminalidad sistemática’- Javier Arévalo ya había adelantado una postura favorable en este tema en abril de este año.
Durante una visita a la ciudad de Chimbote junto a la congresista Lady Camones, de Alianza Para el Progreso, el presidente del Poder Judicial afirmó que las organizaciones criminales deberían ser declaradas como terroristas como una forma de combatir el alza en la inseguridad ciudadana.
“Colocación de explosivos, cobro de cupos, asesinatos y la pregunta es a qué se parece eso. Se parece al terrorismo. Hay que hacer algo. Creo que las autoridades deben reflexionar que de repente es hora de considerar estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas”, declaró a la prensa en la ciudad norteña.
Las declaraciones del presidente del Poder Judicial no se limitaron a la consideración de las organizaciones criminales como terroristas, sino que también indicó que “previa definición legislativa, pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas” para luchar contra la criminalidad en las calles de todo el Perú.
Gobierno de Dina Boluarte condecoró a Javier Arévalo
Al mes siguiente, en mayo del 2024, Arévalo fue condecorado por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Cruz. El evento oficial contó con la presencia del ministro Daniel Maurate y desató una serie de críticas.
Al ser consultado sobre la condecoración recibida de manos de la presidenta Boluarte, Arévalo sostuvo que eso podría ser positivo para el Poder Judicial.
“Constituía un reconocimiento para su presidente y para la institución y creo que actué institucionalmente, porque no siempre los jueces somos bien vistos y que, de alguna manera un presidente del Poder Judicial sea condecorado, este de alguna manera contribuye al prestigio del Poder Judicial”, aseguró en conversación con RPP.
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