Videnza: fracaso del REINFO ha permitido que la minería ilegal del oro mueva 1 millón de votos en el Perú

Videnza Consultores ha asegurado que la minería ilegal del oro y la mal manejo del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a cargo de los gobiernos regionales, además de la representatividad que han logrado sus operadores en el Congreso de la República, han provocado que casi 1 millón de votos en nuestro país dependan de esta ilícita actividad.

Luis Miguel Castilla, director de Videnza, explicó para Infobae Perú que el hecho de tener “vacíos de poder y gobiernos regionales complicados con procesos de corrupción” ha incidido en que las autoridades subanacionales descuiden su tarea de fiscalizar el cumplimiento de los requisitos de quienes se habían acogido al régimen de formalización.

“Quienes velan por el REINFO son los gobiernos regionales, no el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Tenemos un vacío de poder y tenemos a gobiernos locales capturados por mafias que impiden que haya una fiscalización efectiva del proceso fallido de formalización. Un aspecto agudizado a lo largo de los años con tanta rotación de autoridades”, destacó.

Y no es solo un partido o algún directivo de las mesas en particular. Las distintas prórrogas del REINFO han sido aprobadas mulitpartidariamente, “porque probablemente se ha vuelto una fuente de financiamiento del poder político representado en el Parlamento”. Según Castilla, el hecho “no se ha dado de la noche a la mañana, pues se ha acumulado en el tiempo”.

Un tercer aspecto está asociado a la alta volatilidad del precio internacional del oro, principal metal de contrabando del Perú, el cual sería un fuerte aliciente para que un minero informal primero se formalice, para luego volcarse a la ilegalidad bajo la tibia fiscalización de los gobiernos regionales.

“Es un hecho que el peso del oro y la inestabilidad de los mercados financieros hacen que los compradores busquen en este metal un activo refugio”, explica el exministro de Economía.

Videnza Consultores y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) presentarán ante algunos medios seleccionados un estudio que evalúa esta realidad.

Para Videnza Consultores, la solución no solo pasa por la eliminación del REINFO, sino por buscar alguna actividad económica que sustituya la migración de mineros artesanales del oro a la ilegalidad, como ocurrió con la lucha contra el narcotráfico. Además, las tareas de fiscalización deben centralizarse, nuevamente, en el Gobierno nacional.

El problema se da porque, con el tiempo, el peso político de las familias que dependen de la minería ilegal de oro en el Perú puede oscilar entrel os 500.000 y 1 millón de votos, según Castilla. Además, los réditos que deja el oro son altos.

Para Castilla, la lucha contra el oro ilegal es más compleja porque “no hay sustitutos en las zonas de la sierra donde no hay nada más que minería”. Entonces, solo queda atacar el costo-beneficio de la formalización de los pequeños mineros, es decir, evaluar cuál es la ganancia que recibirán por cumplir con las normas y no vende su producción a los grandes acopiadores ilegales.

“Una cosa son políticas dirigidas a la extracción. Pero más importante es la fase de la transformación, porque la materia prima no vale nada si no se convierte en lingote en las plantas beneficio, ahí está el kit del asunto. Luego, la mayoría va a Bolivia por contrabanado”, continúa el economista.

Entonces, asegura Castilla, la cuestión es establecer una política que garantice la trazabilidad de los empresarios formales del oro, pero sin descuidar los beneficios que reciben los pequeños y que los orillan a pasarse de bando.

“Es un cóctel de desarrollo para que tengamos una actividad que mueve mas recursos que el narcotráfico. Si uno hace un símil, esta otra actividad delictiva se erradicó de las zonas cocaleras con la ejecución de proyectos como café y cacao. El problema con el oro es que es muy rentable”, dijo.

Finalmente, Castilla no deja de mencionar el factor político en la interdicción de la minería ilegal del oro. Asegura que debe ser el Gobierno Central el que se encargue de las labores de fiscalización, y no los gobiernos regionales, que han llevado a que el REINFO sea utilizado como una plaza ilegal para captar votos y financiamiento de campañas electorales.

No utilizar esta estrategia con una “garrote” para los ilegales y una “zanahoria” para los artesanales habría permitido que casi un millón de votos en el Perú dependan de la minería ilegal del oro, según estimaciones de Videnza.

Así, el economsita considera que la lucha debe ser a todo nivel, y no solo contra la extracción en sí, pues la cadena ilegal del oro tiene muchas variables que deben ser atacadas de forma distinta, pero siempre a partir de que se elimine el REINFO y se deleguen nuevamente las tareas de fiscalización al Gobierno Central.

“Los gobiernos regionales son más capturables por la minería ilegal del oro que OEFA. Necesitamos, por eso, reconocer cuál es el costo beneficio de la minería ilegal del oro entre los pequeños productores para promover que, efectivamente, se cumplan los requisitos de la formalización”, zanjó.