“Lo único que muestran es incapacidad para darle seguridad a la población”: exministro Fernando Aliaga sobre el gobierno de Dina Boluarte

La ola de criminalidad que azota varios distritos de Lima y Callao marcó ayer un nuevo hito con el asesinato de un profesor, quien fue atacado frente a sus alumnos por un sicario dentro de un colegio en Ate. Este trágico suceso generó críticas hacia la gestión del titular del Ministerio del Interior, Juan José Santivañez. El exjefe de esa cartera, Fernando Aliaga, señaló que se ha puesto de manifiesto la falta de estrategias efectivas para el control del orden interno y un fracaso reiterado del Gobierno en materia de seguridad.

En diálogo con Infobae Perú, el general (r) PNP Fernando Aliaga Lodtmann afirmó que los recientes acontecimientos ocurridos durante el estado de emergencia decretado en 14 distritos de la capital han evidenciado no solo la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de la población, sino también una deficiente administración de recursos dentro de la Policía Nacional del Perú.

Por otro lado, la escasa presencia policial y militar, a pesar del estado de emergencia, fue considerada por el exministro como una evidencia de la mala gestión de los recursos en la Policía, señalando que el personal estaría “siendo utilizado para servicios que no son urgentes”. En este contexto, recomendó que la PNP se enfoque en proteger a grupos sociales vulnerables. Además, sugirió que se refuercen las acciones de la Dirección Nacional de Inteligencia para prevenir y combatir atentados.

“Estamos hablando de acciones de seguridad, en custodia de las empresas vulnerables, de los pasajeros y de los choferes; por otro lado, acciones de inteligencia de investigación para identificar y capturar a todos los integrantes de estas organizaciones criminales. El grueso del personal debería estar enfocado en estos temas, que son los más delicados y urgentes”, precisó.

En relación con las estrategias y medidas adoptadas por el Ejecutivo para combatir la criminalidad, el exministro del gobierno de Francisco Sagasti afirmó que no existen enfoques “adecuados” que, además de no representar avances significativos en la lucha contra el crimen, incluyen operativos que buscan más un “impacto publicitario” que resultados concretos.

También consideró que la responsabilidad en la lucha contra la criminalidad no recae únicamente en la Policía, ya que la Fiscalía y el Poder Judicial, como operadores de justicia, tienen la obligación de sancionar adecuadamente a los delincuentes detenidos por los efectivos policiales.

En este contexto, subrayó que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial deben mejorar sus “actuaciones”; de lo contrario, “no vamos a encontrar mejoras sustantivas en la lucha contra la delincuencia”. Si estos operadores de justicia continúan liberando a los delincuentes capturados, las organizaciones criminales se volverán “más atrevidas” al atacar a los ciudadanos.

Finalmente, coincidió con lo expresado por Ricardo Valdés Cavassa, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, al afirmar que imponer un toque de queda como medida para frenar los casos de extorsión no sería beneficioso para los pobladores, sino que “garantiza un gran perjuicio a la población”.

Por lo tanto, la Policía debería tomar acciones desde la DINI para capturar a estos delincuentes y no “mortificar” a las personas inocentes. “Las medidas de seguridad son para garantizar la protección de los ciudadanos”, aseguró, y remarcó que la represión a los delincuentes “se logra utilizando a inteligencia”.