En Huaraz, un caso reciente de extorsión ha involucrado a dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes estarían colaborando con una organización criminal. Según Latina Noticias, estos policías habrían facilitado las actividades ilícitas de una banda dedicada al cobro de cupos, lo que ha generado preocupación sobre la integridad de algunos efectivos policiales en la región.
El incidente se centra en la denuncia de un comerciante del establecimiento conocido como ‘La Cachina Huaracina’, quien fue víctima de extorsión y sufrió una golpiza el pasado 19 de septiembre. Este ataque es parte de la creciente ola de delitos de extorsión en el país, donde las víctimas son presionadas para pagar sumas de dinero a cambio de protección o para evitar represalias.
A pesar de los esfuerzos de la PNP por combatir este tipo de delitos, con la captura de cuatro presuntos miembros de la banda criminal, la implicación de policías en estos actos delictivos resalta un problema interno dentro de la fuerza policial.
Efectivo es acusado de alquilar su arma
Uno de los policías involucrados sería la persona que alquilaba su arma a los delincuentes para que realicen sus fechorías. Este monto alcanzaba a S/ 50, el cual sería pagado a través de Yape. Las autoridades manifiestan que tenía un seudónimo para evitar ser identificado.
El fiscal Renato Arapa Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaraz, logró que se dictara prisión preventiva para estos cinco individuos, mientras que un sexto acusado, también policía, fue liberado, pero deberá cumplir con ciertas restricciones.
El Ministerio Público había solicitado inicialmente 18 meses de prisión preventiva para los seis investigados. Sin embargo, el Poder Judicial solo concedió 14 meses para cinco de ellos. El policía que quedó en libertad está acusado de omisión de funciones y encubrimiento personal, pero deberá presentarse regularmente ante las autoridades mientras continúa la investigación.
“Mi despacho ha logrado la prisión preventiva de cinco de los seis implicados. En este caso, para los cuatro civiles y para el policía que habría alquilado su arma”, detalló el fiscal Renato Arapa.
Policía es familiar de los detenidos
En las cámaras de seguridad también se evidencia a uno de los efectivos no cumplir con sus funciones al no detener a los implicados. De esta manera, el fiscal señaló que puede tener una condena de 2 años solo por este delito.
“El policía es sobrino de los civiles y habría omitido cumplir sus funciones, justamente porque se trataba de sus familiares”, agregó.
De esta manera, los sospechosos pasarán en prisión mientras duren las investigaciones por el caso. Una situación que involucra a las autoridades que deberían velar por la seguridad de los ciudadanos.
Otro caso
En San Juan de Lurigancho (SJL), un grupo de cinco policías de la Dirección de Seguridad del Estado fue capturado en flagrancia por presuntamente extorsionar a emprendedores locales. Según el noticiero 24 Horas de Panamericana, las cámaras de seguridad registraron a los agentes visitando la casa de una mujer dedicada a la venta de papas para realizar operativos falsos.
Las víctimas, atemorizadas por las amenazas, accedían a entregar el dinero solicitado. Sin embargo, decidieron denunciar estos actos ante las autoridades, lo que permitió la captura de los policías implicados durante un operativo.
El modus operandi de los policías consistía en simular operativos oficiales para intimidar a los comerciantes y exigirles sumas de dinero a cambio de no proceder con acciones legales ficticias.
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