La provincia de Pataz, en la región La Libertad, se ha convertido en uno de los principales focos de minería ilegal en Perú, un escenario que ha sido tomado por organizaciones criminales que han impuesto su propio régimen de violencia. Recientemente, una intervención de la Dirección de Operaciones Especiales (Dinoes) de la Policía Nacional del Perú (PNP) sacó a la luz una aterradora realidad oculta bajo la tierra: en un socavón ubicado en el sector conocido como Las Tolvas, los agentes descubrieron una fosa común con 12 cuerpos en condiciones deplorables.
El lugar había sido tomado por grupos criminales dedicados a la explotación ilegal de oro. Los cadáveres fueron encontrados a 2 kilómetros de profundidad en la bocamina 2410, que se ubica entre los predios de la Compañía Minera Poderosa, dentro de una zona montañosa caracterizada por un terreno extremadamente accidentado y empinado. Este difícil entorno complicó considerablemente las labores de la policía para ingresar al lugar y proceder con el retiro de los restos humanos.
El general PNP José Zavala Chumbiauca, jefe de la Región Policial de La Libertad, precisó que los cuerpos encontrados podrían haber estado enterrados por hasta tres años. La zona, de difícil acceso, había sido tomada por grupos criminales dedicados a la minería ilegal. Zavala también señaló que, debido a la informalidad de la minería en la región, muchas desapariciones no son denunciadas, lo que complica el registro de víctimas.
La PNP, tras recopilar los restos humanos en bolsas, ha iniciado un proceso de identificación de los cuerpos, mientras continúa la búsqueda de los autores intelectuales detrás de estos crímenes.
De acuerdo al jefe policial, estas víctimas serían trabajadores migrantes atraídos por la promesa de empleo, pero que fueron asesinados y enterrados por sicarios al servicio de una organización que ha extendido su control sobre la zona: ‘Los Buitres de Pataz’, un grupo que ha impuesto su control violento sobre la extracción ilegal de oro en la región.
Los Buitres de Pataz: una organización criminal en ascenso
Los Buitres de Pataz es un grupo armado compuesto por exmilitares y antiguos integrantes de bandas delictivas. Esta red delictiva ha consolidado su poder en Pataz, donde controlan el tráfico de oro proveniente de la minería ilegal, una actividad que se ha convertido en una fuente de ingresos multimillonaria para estos grupos.
Gregorio Segura Marcelo, quien es llamado el ‘Pablo Escobar de Pataz’, lidera esta organización. Actualmente, está preso y viene siendo investigado desde 2021 por su implicación en actividades ilícitas en la región. A pesar de estar tras las rejas, su influencia sigue siendo considerable en las operaciones de Los Buitres. Otro miembro clave de la organización, Josué Blas Lezama, fue asesinado en Colombia, un indicativo del alcance internacional de estas redes criminales.
Además de controlar el oro, Los Buitres imponen su ley mediante extorsiones a las pequeñas empresas mineras y los trabajadores. Quienes no pagan las sumas exigidas, o intentan salirse de su control, son víctimas de secuestros o asesinatos por sicarios al servicio de la organización. Este sistema de terror ha permitido a la banda mantener su dominio sobre una vasta área, sumergiendo a la provincia en un estado de caos e impunidad.
Gregorio Segura Marcelo: el ‘Pablo Escobar de Pataz’
Gregorio Segura Marcelo ha sido señalado como el líder y principal cerebro detrás de la organización criminal Los Buitres de Pataz, una red que ha extendido su dominio sobre el lucrativo negocio de la minería ilegal en la región de La Libertad.
Apodado el ‘Pablo Escobar de Pataz’ debido a la magnitud de sus operaciones y su brutal control sobre el territorio, Segura Marcelo fue un exmilitar que aprovechó sus conexiones y conocimientos tácticos para imponer un régimen de terror en las zonas mineras. Bajo su mando, la organización estructuró un sistema basado en la extorsión, secuestro y sicariato, eliminando a aquellos que se interponían en sus negocios ilegales o se negaban a ceder a sus exigencias económicas.
La capacidad de Segura para mantenerse en el poder durante años, incluso bajo la mira de las autoridades, demuestra la compleja red de corrupción y complicidades que protege a su organización. Según informes policiales, la red delictiva comandada por Segura Marcelo habría acumulado una fortuna superior a los 80 millones de dólares.
A pesar de ser detenido y encarcelado en 2021, Segura sigue influyendo en la minería ilegal en Pataz. Durante su liderazgo, Los Buitres expandieron sus operaciones, controlando socavones y traficando oro extraído de manera ilícita, lo que les permitió financiar sus actividades delictivas y ejercer un dominio casi absoluto en la región.
Josué Blas Lezama: un cabecilla asesinado en Colombia
Otro personaje clave en la estructura de Los Buitres de Pataz fue Josué Blas Lezama, quien, junto con Segura Marcelo, consolidó su posición como uno de los líderes principales de la organización. Blas Lezama desempeñaba un papel operativo fundamental dentro del grupo, coordinando actividades relacionadas con la extorsión y sicariato para asegurar el control sobre las zonas mineras en Pataz. Su capacidad para gestionar estas actividades le permitió ganar notoriedad dentro de la organización y, a la vez, convertirse en uno de los criminales más buscados por las autoridades peruanas.
Blas Lezama expandió la influencia de la banda fuera del país, lo que lo llevó a involucrarse en operaciones internacionales vinculadas al tráfico de oro. Sin embargo, su ascenso abrupto se vio truncado en Colombia, donde fue asesinado en circunstancias aún no del todo esclarecidas. Su muerte puso en evidencia la extensa red de contactos y operaciones de Los Buitres fuera de Perú, y marcó un golpe para la organización. A pesar de su fallecimiento, las actividades delictivas de la banda no cesaron, lo que refuerza la idea de que el grupo posee una estructura de mando sólida y ramificada.
Minería ilegal: la base de una economía violenta
La minería ilegal ha sido por años uno de los motores económicos en esta zona del país, aunque a costa de la explotación laboral y la violencia desenfrenada. Los Buitres de Pataz controlan los socavones, extorsionan a los mineros locales y cometen asesinatos para eliminar a quienes desafían su poder.
Según los testimonios de expertos en seguridad, como Pedro Yaranga, los enfrentamientos armados en estas minas son comunes. Cada noche, en medio de la penumbra de los socavones, se registran tiroteos que resultan en dos o tres muertos, cuyas desapariciones suelen ser encubiertas con enterramientos clandestinos.
El descubrimiento de la fosa común en La Poderosa, en el área conocida como Las Tolvas, expone la brutalidad de esta organización. La mayoría de las víctimas eran trabajadores migrantes, atraídos por la promesa de trabajo en las minas, pero que terminaron atrapados en un ciclo de explotación y muerte.
¿Fin de la impunidad?
La reciente operación en La Poderosa, y el macabro hallazgo de una fosa común con 12 víctimas, es solo la punta del iceberg en la compleja trama de violencia que asola la provincia de Pataz. Este descubrimiento, vinculado directamente a la actividad criminal de Los Buitres, destaca la necesidad urgente de una intervención más profunda en las zonas controladas por el crimen organizado.
Aunque líderes como Gregorio Segura Marcelo ya se encuentran tras las rejas, la persistencia de estas redes refleja que la batalla contra la minería ilegal, el sicariato y la extorsión está lejos de terminar. Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo, en 2023 más del 70% de los conflictos sociales en Perú están relacionados con la minería, lo que subraya el rol central de esta actividad en los focos de violencia. De acuerdo a las estadísticas oficiales, cada mes se registran hasta 30 homicidios vinculados a disputas por el control del oro en estas regiones.
En el año 2024, la violencia vinculada a la minería ilegal en la provincia de Pataz, ha causado varias víctimas mortales. Hasta octubre de 2024, se han registrado 18 asesinatos relacionados con ataques de mineros ilegales y bandas criminales contra la Mina Poderosa, afectando principalmente a los empleados y personal de seguridad.
Estos enfrentamientos, que se desarrollan tanto en la superficie como en túneles subterráneos, han sido especialmente violentos en los últimos cuatro años debido al aumento de la actividad delictiva organizada, lo que ha generado un ambiente de constante peligro para quienes trabajan en la zona.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en septiembre de 2023, cuando diez trabajadores fueron asesinados en un ataque de mineros ilegales fuertemente armados. Además de las víctimas mortales, hubo 30 personas heridas, lo que refleja el alto nivel de violencia en esta región.
Estos ataques no son casos aislados, sino parte de una serie de incursiones criminales que buscan tomar el control de las ricas vetas de oro explotadas por Minera Poderosa, en un conflicto por los recursos naturales en la zona.