Un grupo de agentes de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) ha descubierto una fosa común dentro de un socavón ubicado en los terrenos de la minera Poderosa, asentada en la provincia de Pataz (La Libertad), un hallazgo que revela un oscuro capítulo de asesinatos vinculados a la minería ilegal.
El general PNP José Zavala Chumbiauca, jefe de la Región Policial La Libertad, confirmó que se encontraron restos de más de una docena de víctimas, los cuales estaban ocultos en un sector conocido como Las Tolvas. La operación se inició tras recibir información sobre la existencia de cuerpos en el socavón de la compañía minera, tomado por la fuerza por grupos criminales que explotaban oro ilegalmente.
El jefe policial mencionó que los restos fueron acopiados en bolsas y se inició el proceso de identificación. Según el portal de investigación local Causa Justa, las autoridades identifican al grupo armado ‘Los Buitres’, integrado por exmiembros de bandas criminales y exmilitares, como el responsable de estas muertes.
Fuentes policiales citadas en un reportaje indican que estos sicarios llevan pasamontañas para ocultar su identidad y están fuertemente armados, con armas de corto y largo alcance. ‘Los Buitres’ no solo mataban a sus víctimas a balazos, sino que previamente las torturaban. Después de ejecutarlos, arrojaban sus cuerpos a las chimeneas, que son fosas de unos 100 metros de profundidad dentro de los socavones.
Este grupo ha sido vinculado a Gregorio Palermo Segura Marcelo, conocido como el ‘Pablo Escobar de Pataz’ —ahora detenido—, así como a Josué Oliver Blas Lezama, alias ‘Gato Cote’, quien fue asesinado en Colombia. De acuerdo con el portal de investigación, el grupo de aniquilamiento está bajo investigación por un equipo especial de la Policía Nacional (PNP) en Lima desde 2021, tras ser vinculados con la tortura y ejecución de cuatro jóvenes.
Aunque los autores materiales de estos crímenes ya están identificados, las autoridades buscan a los responsables intelectuales. El expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, Greco Quiroz, afirmó a Causa Justa que durante su gestión en 2019 se documentaron al menos 280 personas desaparecidas desde 2015 en la zona.
Además, muchos de los desaparecidos eran trabajadores migrantes que llegaron a Pataz en busca de mejores oportunidades y cayeron en las garras de la explotación y la violencia. Las víctimas del reciente hallazgo serían parqueros, como se conoce a los mineros ilegales que entran a los socavones para extraer oro.
En diciembre de 2023, Pedro Yaranga, experto en seguridad y orden interno, alertó a Infobae Perú sobre la grave situación en Pataz. “Las bandas se han apoderado de la zona. Extorsionan, secuestran, matan y todo se produce en los socavones de mina. Cuando se enfrentan y agarran a balazos, en las afueras, normalmente mueren dos a tres personas por noche. Nadie sabe ni hacen levantamiento de cadáver y simplemente los entierran bajo los escombros de mina que sacan. Es tierra de nadie”, señaló entonces.
Demandas
El alcalde de Pataz, Aldo Carlos Marinos, solicitó a la presidenta Dina Boluarte que Perú retire del Pacto de San José, también conocido como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que se implemente la pena de muerte para delincuentes reincidentes, violadores, secuestradores y extorsionadores.
Según Marinos, este tratado internacional ha favorecido a los delincuentes en detrimento de las víctimas, al brindarles excesivas protecciones y convirtiendo los penales en centros de “entrenamiento criminal”. A través de un oficio enviado a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el último viernes, el burgomaestre planteó la necesidad de una reforma constitucional para ampliar los delitos sujetos a pena de muerte.
Además, propuso reformar el Código Penal para establecer la pena de muerte como la sanción máxima, junto con otras penas como la privación de libertad y multas, y sugirió que todos los reclusos en el país trabajen para cubrir su propia manutención, con el fin de reducir los gastos estatales en el sistema penitenciario y redirigir esos recursos a sectores como educación y salud.
“La pena de muerte actuaría como un fuerte disuasivo para potenciales delincuentes y el trabajo obligatorio en penales reduciría los gastos estatales”, sostuvo. Finalmente, invocó a derogar la Ley 32108, una controvertida norma sobre el crimen organizado, que varios especialistas consideran que obstaculiza su combate.
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