La derogación de la Ley 32108: ¿Quiénes la piden y por qué se dice que favorece al crimen organizado?

La reciente modificación de la Ley de Crimen Organizado, a través de la Ley 32108, establece criterios más estrictos para definir el delito de organización criminal, lo que termina excluyendo actividades delictivas como la extorsión y el sicariato. La normativa aprobada por el Congreso de la República exige la demostración de una “estructura compleja desarrollada” y una “mayor capacidad operativa, además de limitar su aplicación a delitos con penas superiores a seis años.

Según el artículo publicado por Noam López Villanes en el portal del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), estos cambios han suscitado preocupaciones sobre a quién realmente beneficia esta reforma. Puesto que la legislación publicada el 9 de agosto podría estar dejando fuera a organizaciones criminales que operan en delitos menores, pero que son igualmente perjudiciales para la sociedad.

La modificación de la ley podría crear un incentivo para las actividades delictivas. Al elevar los requisitos para que un hecho criminal califique como realizado por una organización criminal, se podría desencadenar un aumento en la frecuencia y gravedad de los delitos, ya que los infractores perciben una disminución considerable de los riesgos asociados con sus actividades ilícitas.

Otro aspecto controversial de la ley es la modificación de los procedimientos de allanamiento de inmuebles durante investigaciones preliminares. Ahora se requiere la presencia del investigado y su abogado, lo que, según el Ministerio Público, elimina el factor sorpresa necesario para combatir eficazmente el delito. Esta disposición ha sido criticada por su potencial para obstaculizar las investigaciones y favorecer a los delincuentes.

Desde agosto, la promulgación de la ley 32108 ha generado controversia en Perú al ser señalada como un obstáculo para la persecución de delitos graves como la extorsión y el sicariato. Esta normativa, que excluye estos crímenes de la definición de organización criminal, ha sido criticada por 22 gremios empresariales y la Confiep, quienes exigen su derogación inmediata.

La ley fue impulsada por el cerronismo y sus aliados políticos, entre ellos Fuerza Popular, APP y Podemos Perú, con el objetivo de obtener beneficios políticos y personales. El Ejecutivo no presentó objeciones a la norma, permitiendo su aprobación sin resistencia. Desde su entrada en vigor, figuras como Vladimir Cerrón, Waldemar Cerrón y el congresista José Luna han buscado ampararse en esta legislación.

Los empresarios han manifestado que la modificación al Código Penal ha relajado la persecución del crimen organizado, promoviendo la impunidad y fomentando la actividad delictiva.

Además, desde el Congreso se han implementado medidas que limitan la participación de los fiscales en las investigaciones, imponiendo requisitos como la presencia obligatoria del abogado defensor en allanamientos y el conocimiento previo de las medidas cautelares por parte del investigado. Estas restricciones han sido vistas como trabas al desarrollo efectivo de las labores judiciales.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), junto con otros gremios empresariales y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP), han expresado su preocupación por la ley, advirtiendo que podría aumentar el riesgo para la seguridad ciudadana. En un comunicado, señalaron que la ley exige que las organizaciones criminales controlen “la cadena de valor de un mercado o economía ilegal”, lo que podría excluir delitos como la extorsión, el secuestro y el asalto de su ámbito de aplicación.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha convocado a un paro indefinido en todo el país tras no alcanzar un acuerdo con el Congreso de la República para derogar la Ley 32108 sobre Crimen Organizado y archivar la propuesta de ley de Terrorismo Urbano. Campos, quien representa a un sector que ya había acatado un paro de 72 horas, expresó su descontento al salir del Congreso, donde sostuvo una reunión con legisladores de diversas bancadas.

Campos hizo un llamado a todos los sindicatos y organizaciones sociales a nivel nacional para unirse al paro, mencionando que ya hay sectores como los mercados y los camioneros que han anunciado su participación. “Nosotros no podemos darle la espalda a cada uno de ustedes que han sido convocados”, afirmó, destacando el respaldo de gremios, madres de familia, bodegueros, universitarios, taxistas, mototaxistas, colectiveros, sindicatos, y otras organizaciones.