Incendios forestales continúan en la Amazonía mientras Congreso retrasa debate sobre la derogación de la ‘Ley Antiforestal’

Los incendios forestales siguen afectando la Amazonía peruana. En la comunidad nativa de Tsiquireni, en la cuenca del río Ene (Junín), un incendio que había sido controlado se reavivó debido a los fuertes vientos y la ausencia de lluvias.

Según el medio regional Huanca York Times, esta es la segunda vez que el fuego se reactiva, dañando 80 hectáreas de bosques. El jefe de la comunidad advirtió que, sin equipos adecuados y debido a la lejanía del lugar, el incendio podría volverse incontrolable.

Este incendio se inició el 11 de septiembre y fue sofocado por los Comités de Autodefensa (CADs) de la comunidad y de áreas cercanas.

Sin embargo, en los días siguientes, las comunidades solicitaron ayuda a la Municipalidad Distrital de Río Tambo el 13, 14 y 15 de septiembre, pero esta no llegó a tiempo. Ante la falta de respuesta, el 15 de septiembre, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) movilizó a sus CADs para controlar el incendio y evaluar los daños.

Posteriormente, el 16 y 17 de septiembre, los CADs se articularon con el Comando 79 del Ejército; para entonces, el fuego ya había destruido 50 hectáreas de bosque en cinco áreas diferentes y amenazaba con expandirse hacia la comunidad de Pichiquia y la Reserva Comunal Asháninka.

CARE teme que, si no se recibe ayuda rápida, la situación se agrave aún más, comprometiendo más hectáreas del territorio indígena. Por ello, hace un llamado urgente al Ejército, al personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y a otras entidades para que tomen acción inmediata.

En el marco de esta emergencia, el 19 de septiembre, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a más de 2.400 comunidades nativas, emitió un enérgico pronunciamiento solicitando medidas urgentes a las autoridades para controlar los incendios forestales que devastan la Amazonía.

Esto es especialmente relevante en las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, donde 47 comunidades han visto comprometida su seguridad alimentaria y el acceso a agua limpia.

Bajo ese contexto, exigen la derogación inmediata de la Ley 31973, más conocida como ‘Ley Antiforestal’, aprobada en diciembre de 2023.

Como han advertido organizaciones indígenas, especialistas en materia ambiental y miembros de la sociedad civil, esta norma reduce la participación del Ministerio del Ambiente en la planificación forestal y facilita la adquisición de tierras sin un control adecuado, lo que fomenta la tala y quema de bosques.

Por ello, la población considera que esta legislación representa un retroceso en la lucha contra la deforestación y el cambio climático, ya que promovería prácticas ilegales que atentan contra los bosques y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

La derogatoria está pendiente de debate desde hace meses. No obstante, el Parlamento, a través de la Comisión Agraria, aún no discute su derogatoria. Cabe recordar que las bancadas que promovieron su aprobación fueron Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial, Unidad y Diálogo, Acción Popular y Perú Bicentenario.