Todos los años se registran lluvias intensas, heladas, sismos e incendios forestales en el país. Sin embargo, a menos de tres meses de culminar el año, la ejecución del gasto del Programa Presupuestal para la “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres” en los tres niveles de gobierno es de menos del 60%.
De acuerdo a la página de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Gobierno nacional tiene un avance de ejecución del 54.6 %, los gobiernos regionales de 55.5 %, mientras que los gobiernos locales han ejecutado un 71.7 %.
Para la Defensoría del Pueblo estas cifras demuestran una falta de gestión oportuna por parte de las autoridades, a pesar de que el Perú se encuentra expuesto a diversos peligros de origen natural e inducidos por acción humana que vienen afectando a miles de personas cada año.
¿Cuáles son las regiones que ejecutaron menos del 50%?
El adjunto para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo, José Luis Agüero, mencionó que los gobiernos regionales que ejecutaron menos del 50 % de esta partida presupuestal son Puno, Apurímac, Ucayali y Callao. Le siguen, como regiones que implementaron menos del 60%, Cajamarca, La Libertad, Moquegua, Tacna, Áncash y Lambayeque.
Este grupo de diez regiones representa un desafío significativo para las autoridades en términos de asegurar la protección adecuada a sus ciudadanos. Asimismo, la ineficacia en la ejecución de estos fondos podría tener consecuencias catastróficas.
El representante de la institución añadió que para el verano 2025 se ha identificado un total de 41 mil 211 centros poblados con probabilidad de riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de lluvias, los cuales comprenden un total de 2′473,604 personas que podrían ser afectadas. Asimismo, se estima que 3 mil 640 centros poblados estarían expuestos a un riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de inundaciones, con 974 mil 749 personas que podrían resultar afectadas.
La Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de una acción urgente y coordinada entre las entidades de todos los niveles de gobierno. Para mitigar estos riesgos, se requiere que las autoridades implementen estrategias efectivas de gestión de riesgo de desastres que incluyan la prevención, la reducción del riesgo y el control continuo de los factores que lo aumentan. Un enfoque sistemático y determinado es esencial no solo para prepararse adecuadamente ante potenciales emergencias, sino también para dar una respuesta eficiente y oportuna cuando inevitablemente se presenten estos eventos.
El llamado a la acción es claro: todos los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) deben cumplir sus responsabilidades en salvaguarda de la vida de las personas y sus medios de subsistencia.
¿Quiénes integran el Sinagerd?
El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) integra diversas entidades gubernamentales y civiles para enfrentar situaciones de emergencia. Según la Ley 29664, está compuesto por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que actúa como el órgano rector del sistema, y el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Además, se encuentran el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que trabajan en la evaluación y mitigación de riesgos, y los gobiernos regionales y locales, que desempeñan un papel crucial en la implementación de políticas de gestión de riesgos a nivel territorial.
El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) también forma parte del sistema, aportando su experiencia en la planificación y desarrollo de estrategias a largo plazo para la gestión de riesgos, mientras que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú proporcionan apoyo logístico y operativo en situaciones de emergencia.