Crisis penitenciaria: las cárceles del Perú tienen 56 mil presos más de los que pueden albergar

Ante el alarmante incremento de extorsiones y asesinatos, varios gremios se unieron al paro de transportistas exigiendo acciones contundentes para proteger a los ciudadanos. En respuesta, el Gobierno anunció que se destinarán 3 mil millones de soles para la construcción de nuevos penales.

De acuerdo con las cifras de la Unidad Estadística del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) hasta agosto de este año, a las que tuvo acceso Infobae Perú, cárceles peruanas enfrentan una crisis de sobrepoblación extraordinaria, llegando a un exceso del 136% sobre su capacidad real.

Hasta la fecha, el país cuenta con 69 establecimientos penitenciarios a nivel nacional, con una capacidad total de 41.556 personas. Sin embargo, actualmente alberga a 98.255 internos, lo que representa un excedente de 56.699 reclusos.

Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos, explicó que este nivel de hacinamiento no permite que las autoridades puedan atender las necesidades básicas de los internos, es decir, atención médica, alimentación, educación para una eventual reinserción, y la seguridad tanto para los reos como para el personal del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) quienes deben hacerse cargo del orden y repeler cualquier contingencia en penales.

De los 69 establecimientos penitenciarios en el país, 50 presentan niveles críticos de hacinamiento, con muchos superando el 100% de su capacidad. En algunos casos, esta sobrepoblación alcanza el 300%, 400% e incluso el 500%.

Entre los penales más afectados se encuentra el de Jaén, diseñado para 50 reclusos, pero que alberga a 300, seis veces su capacidad. El penal de Abancay, con espacio para 90 personas, tiene 516 internos, lo que equivale a un 573% de hacinamiento.

En Quillabamba, donde la capacidad es de 80, se acogen 458 presos. Los centros penitenciarios de Chanchamayo, Chachapoyas y Huancavelica operan al 540% de su capacidad. Asimismo, los penales Miguel Castro Castro, Huanta y Lurigancho quintuplican su capacidad de albergue.

La inseguridad continúa en ascenso y se ha consolidado como uno de los problemas más importantes que enfrentan los peruanos. El aumento en el número de internos en las cárceles pone de manifiesto la compleja realidad en torno a la delincuencia. Actualmente, el 37% de los prisioneros, lo que equivale a 35.961 reclusos, se encuentra encarcelado por delitos relacionados con el patrimonio, como robo, hurto y extorsión.

El segundo delito con más población penitenciaria hasta agosto de este año es el que tiene que ver contra la libertad sexual, con 24.564 presos. Esta cifra resulta alarmante, especialmente al recordar que a principios de este año se registraron 22.309 internos por este mismo delito.

En tercer lugar, se encuentran los delitos contra la seguridad pública, con 21.616 internos, seguidos de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, que suman 9.432. A continuación, se registran los delitos contra la tranquilidad pública, con 2.063; los delitos contra la familia, con 1.474; y los delitos contra la administración pública, con 1.376.

Además, los delitos contra la dignidad humana involucran a 902 reclusos, mientras que 226 están relacionados con delitos contra la fe pública. Por último, los delitos contra el orden financiero y monetario reúnen a 138 reos, y otros 503 han sido encarcelados por diversas infracciones.

Cabe señalar que, el 63% de la población penitenciaria está como sentenciado, lo que significa que han sido declarados culpables de un delito por un tribunal de justicia y ha recibido una pena o castigo formal. El 37% restante está en condición de procesado, es decir acusados formalmente de un delito y está sujeta a un proceso judicial en el que se investigan los cargos en su contra.

El INPE tiene planes para abordar el hacinamiento en las cárceles mediante la ampliación y construcción de nuevos centros penitenciarios en varias regiones del país. Esta decisión se toma en respuesta a una orden del Tribunal Constitucional (TC), que en 2019 estableció un ultimátum para 2025, exigiendo la erradicación del hacinamiento inconstitucional en el sistema penitenciario.

Si no se cumple con esta medida, se procederá al cierre de seis centros de reclusión críticos, incluidos los ubicados en Chanchamayo, Jaén, Callao, Camaná, Abancay y Miguel Castro Castro, los cuales presentan alarmantes tasas de sobrepoblación.

Este elevado número de internos no solo infringe los derechos humanos, sino que también contradice los compromisos internacionales de Perú, destinados a garantizar el respeto y la dignidad de los reclusos. De los 69 establecimientos penitenciarios reportados, 50 presentan altas tasas de hacinamiento. Estas estadísticas no solo evidencian el problema actual, sino que también destacan una deficiencia sistémica persistente en la infraestructura penitenciaria del país.