El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial que se impida la salida del país por un periodo de 18 meses a Andrés Hurtado Grados, Elizabeth Peralta Santur y Javier Miu Lei, según lo anunció este viernes por sus canales oficiales.
Esta petición surge tras el vencimiento de la medida anterior el pasado 9 de octubre. La Fiscalía ha pedido que se programe una audiencia para presentar sus argumentos, basándose en el artículo 34 del Código Procesal Penal.
La investigación en curso involucra al exconductor de televisión, a la suspendida fiscal de Lavado de Activos y al empresario, quienes enfrentan acusaciones por presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.
Estos delitos se consideran un agravio al Estado, lo que ha motivado la solicitud de la Fiscalía para mantener a los implicados dentro del territorio nacional mientras se desarrollan las investigaciones pertinentes.
El requerimiento de la Fiscalía busca asegurar que los investigados estén disponibles para colaborar con el proceso judicial y evitar cualquier intento de eludir la justicia. La medida de impedimento de salida es una herramienta legal que se utiliza en casos donde existe el riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación.
Como se sabe, Hurtado Grados, exconductor de televisión, enfrenta actualmente 18 meses de prisión preventiva en el Penal de Lurigancho. Esta medida fue ordenada por el juez Juan Carlos Checkley, quien consideró que existía un peligro procesal debido a la falta de arraigo familiar, laboral o domiciliario de Hurtado, lo que podría comprometer su permanencia en el país durante el proceso judicial.
¿Qué dice el documento?
La investigación en curso se centra en presuntas acusaciones de tráfico de influencias y cohecho. Según un documento fiscal al que accedió La República, se alega que la fiscal de Lavado de Activos habría ofrecido interceder ante el Fiscal Provincial Lucio Sal y Rosas para que Javier Miu Lei pagara un millón de dólares por una cantidad de oro incautada bajo sospecha de ser de origen ilícito.
Las acusaciones se basan en las declaraciones de los hermanos Siucho Neira, quienes se acogieron a la confesión sincera. Durante la audiencia del pedido de prisión preventiva para los implicados, la Fiscalía presentó pruebas que vinculan a Chibolín con la recepción de sumas de dinero de terceros hacia sus empresas a cambio de presuntos favores.
Además, se menciona un pago de 20 mil dólares realizados por Iván Siucho a la empresa de Andrés Hurtado Grados. Este pago habría sido para evitar una investigación por Lavado de Activos en su contra, la cual le habría sido alertada por el exconductor de televisión y Peralta Santur a través de una videollamada.
La situación legal de los implicados se complica con estas nuevas revelaciones, y el Ministerio Público busca asegurar que no abandonen el país mientras se desarrolla la investigación.
Suspenden a la presidenta de la Corte Superior de Lima
María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, ha sido suspendida preventivamente por seis meses debido a un procedimiento administrativo disciplinario en su contra. La medida fue tomada por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), que investiga presuntas faltas muy graves en el ejercicio de sus funciones, según se informó.
La suspensión de la jueza superior se produce en el marco de una investigación que la vincula con Andrés Hurtado, quien actualmente enfrenta prisión preventiva de 18 meses por su presunta participación en una trama de tráfico de influencias y cohecho pasivo en diversas entidades del Estado. Según las declaraciones de la propia jueza, el proceso en su contra está relacionado con la supuesta organización o participación de Hurtado en un almuerzo por el Día del Juez.
La ANC-PJ, a través de su Unidad de Sanción y Apelación, ha subrayado que todas sus acciones se llevan a cabo en estricto cumplimiento de la Constitución y los reglamentos vigentes, asegurando el debido proceso y el derecho de defensa de la magistrada investigada.