El Ministerio Público inició las diligencias para esclarecer la muerte del líder indígena matsigenka Gerardo Keimari, cuyos restos fueron encontrados cerca de la comunidad nativa Shipetiari, en Madre de Dios, el martes 8 de octubre.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de esta región, en coordinación con la Fiscalía Provincial Mixta de Manu.
De acuerdo a TV Perú, El 9 de octubre se dispuso el levantamiento del cuerpo y la ejecución de la necropsia en la Unidad Médico Legal II de Cusco, donde además participaron peritos del Subsistema de Derechos Humanos, quienes también entregaron el cuerpo a los familiares.
También se recaudaron muestras, evidencias, además del testimonio de los residentes del lugar y miembros de la comunidad nativa.
Este viernes 11 de octubre, la Defensoría del Pueblo lamentó el fallecimiento de Gerardo Keimari e instó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público a llevar a cabo una “investigación diligente y célere, para esclarecer el hecho y determinar responsabilidades, así como a adoptar, con carácter urgente, las medidas para la protección del círculo familiar del líder fallecido”.
Por otra parte, pidió al Ministerio del Interior y a la PNP disponer de mayor presencia policial en Shipetiari, en la provincia del Manu, región de Madre Dios, ante la inseguridad que se presenta en la zona. Con esta acción se espera “resguardar la vida e integridad de dicha comunidad y otras cercanas”.
Según la agencia EFE, la organización regional Ejecutor del Contrato de Administración de la Reserva Comunal Amarakaeri informó mediante un comunicado que Keimari, hasta antes de perder la vida, se encontraba ejerciendo la defensa activa de su territorio comunal ancestral.
“Este suceso ocurre en un contexto en el que diversos miembros de nuestra comunidad socia han enfrentado un ataque con armas de fuego y amenazas de muerte a consecuencia del proceso de ampliación de su territorio comunal”, expresaron.
Precisan, además, que a pesar de que reportaron esta situación al Mecanismo Intersectorial para la protección de defensoras de derechos humanos del Ministerio de Justicia (Minjus), el líder indígena habría sido asesinado.
Anuncian medidas de control territorial
Líderes indígenas de las comunidades Quechua y Achuar en la cuenca del río Pastaza han advertido sobre la posibilidad de tomar medidas de control territorial si no se implementan acciones urgentes para contener un derrame de petróleo que afecta sus tierras. Este incidente, ocurrido el 3 de octubre en el kilómetro 11 del Oleoducto Norperuano, ha dejado a estas comunidades sin acceso a agua potable y alimentos.
Cinco días después del derrame, los líderes indígenas denuncian que el crudo continúa contaminando sus fuentes de agua, incluyendo cochas, que son lagunas vitales para su subsistencia. La Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), a través del portal Vigilante Amazónico, ha solicitado a Petroperú y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el envío inmediato de recursos básicos y la implementación de medidas de limpieza y contención.
Las comunidades afectadas exigen al Gobierno una respuesta rápida y efectiva, ya que consideran que la situación se agrava con cada día que pasa sin intervención. Además, han hecho un llamado a las autoridades para que evalúen los daños ambientales y sancionen a los responsables si se comprueba negligencia en la prevención o mitigación del desastre.
Este derrame no es un caso aislado en la región amazónica. Las comunidades indígenas han señalado que el Estado peruano ha fallado en remediar los impactos ambientales de otros derrames, como el ocurrido en el Lote 64. La falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha generado desconfianza y frustración entre los habitantes de la zona.