Congreso insiste en modificar ley de crimen organizado y no derogarla como piden transportista

El Pleno del Congreso de la República no debatió la derogación de la Ley 32108, tal como lo habían exigido los gremios de transportistas durante el paro del 10 y 11 de octubre. Por el contrario, enviaron a cuarto intermedio solo las modificaciones de la norma.

Durante la jornada, los parlamentarios aprobaron otras medidas, por ejemplo, una referente al trabajo de los fiscales. Sobre la Ley de Terrorismo Urbano no se llegó a un consenso.

En respuesta, los dirigentes que se encontraban manifestando en los exteriores del Poder Legislativo, anunciaron que ahora las organizaciones sociales acatarán un paro nacional.

Los parlamentarios no lograron ponerse de acuerdo respecto al archivo del dictamen sobre el terrorismo urbano ni sobre la derogación, la Ley del Crimen Organizado.

Por ejemplo, César Revilla, de Fuerza Popular, dijo que se debe dejar de “mentir que a partir de una ley aprobada por el Congreso de la República, aumentó el sicariato, aumentó la delincuencia, recién existieron las organizaciones criminales, y antes no existía nada, y que la única solución es derogar o modificar normas aprobadas por este Congreso”.

“Eso es justamente lo que ha pasado en este país. La persecución sistemática a las fuerzas armadas, a la Policía Nacional, el enjuiciamiento político, con el apoyo de organizaciones, que se dedican a sacarle dinero al Estado. Eso es lo que nos ha traído inseguridad ciudadana”, añadió.

Por su parte, Susel Paredes, del Bloque Democrático Popular, recalcó que en el país “tenemos una crisis en el sector policial”.

“Tenemos que reforzar la investigación policial, la inteligencia, la infiltración. Estas normas no lo van a solucionar, pero no me voy a oponer. Lo que sí es importa es que quien está liderando el sector que tiene a cargo la Policía, que es el ministro del Interior, es incapaz, no conoce. Crea nuevas unidades en vez de fortalecer las unidades especializadas, como las de secuestros y extorsión”, sostuvo.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, anunció que los gremios de transportistas han decidido suspender el paro de 72 horas que estaba previsto hasta el sábado 12 de octubre.

Sin embargo, se ha convocado a una movilización nacional en contra del Congreso de la República y de Dina Boluarte.

Esta decisión surge como respuesta a la falta de atención del Parlamento a sus demandas, que incluyen la derogación de la Ley 32108 sobre Crimen Organizado y el archivo de la Ley de Terrorismo Urbano, que busca aumentar las penas para delitos como el secuestro y el bloqueo de vías.

Los transportistas también anunciaron la creación de la Coordinadora Nacional de Lucha, cuyo objetivo es unir a otras organizaciones sociales del país en esta movilización. Según uno de los dirigentes, “los poderes del Estado no están con el pueblo, están para blindarse ellos”, lo que ha motivado a los gremios a tomar esta acción conjunta.

Campos también mencionó que no se descarta la posibilidad de unirse con otros gremios, como el de conductores formales que promovieron la primera marcha. Además, criticó que la Ley 32108 parece haber sido creada a medida del Poder Legislativo, y recordó que entidades como el Colegio de Abogados de Lima se habrían pronunciado en contra de esta normativa.

Por otra parte, Rodrigo Nobellica Cruz, abogado del Comité de Transportistas, precisó que también se va a impulsar una denuncia constitucional para todos los congresistas que impulsaron la Ley 32018 y la censura al ministro del Interior, Juan José Santivañez.

“Sacan a la Policía, a las Fuerzas Armadas, para combatir, para reprimir al pueblo, pero no se organizan para combatir la criminalidad”, exclamó.