Fuerza Popular critica a manifestantes por marchar al Congreso y no apoyarán la derogatoria del ley de crimen organizado

La primera vicepresidenta del Congreso de la República, Patricia Juárez, adelantó que su bancada, Fuerza Popular, no apoyará la derogatoria de la Ley N° 32108 que favorecería las organizaciones criminales, pese a los pedidos de miles de transportistas y comerciantes que el último jueves paralizaron sus labores para pedir normas y acciones que combatan la extorsión y la inseguridad ciudadana.

Patricia Juárez indicó que lo que se ha acordado en la Junta de Portavoces del Congreso es el debate de la cuestionada ley, mas no su derogatoria: “Nosotros creemos que el concepto de ‘organización criminal’ tal como está no daña absolutamente en nada a la lucha contra la criminalidad. Si a nosotros nos dijeran, por ejemplo, que con la ley anterior se combatió la criminalidad y las organizaciones criminales disminuyeron en nuestro país, diríamos que nos hemos equivocado y que hemos dado una ley que va a propiciar la criminalidad, pero la verdad es que no”, mencionó.

Además, respecto a Ley 32108: Ley que exige la presencia del abogado del interesado en allanamientos y registros, señaló que esta solo debe ser aclarada para que la Fiscalía no tenga problemas en intervenir inmuebles y no darle tiempo a los presuntos criminales para que tengan tiempo de ocultar pruebas hasta la llegada de su abogado.

El jueves, el día más álgido del paro, luego de caminar decenas de kilómetros, miles de manifestantes llegaron al Congreso para pedir leyes que no solo favorezcan a los partidos políticos sino también a la lucha contra la criminalidad, así como la derogatoria de la Ley N° 32108 y mostrar su rechazo a una ley de terrorismo urbano que, según señalaron, criminalizaría la protesta.

Sin embargo, Patricia Juárez cuestionó que los manifestantes acudan al frontis del Congreso de la República y no vayan a otras instituciones como Palacio de Gobierno, el Ministerio Público o el Ministerio del Interior, por lo que consideró que se trata de una manifestación politizada.

“La marcha que vino ayer (jueves) ¿por qué no fue a Palacio de Gobierno, por qué no fue al Ministerio del Interior? La marcha que vino ayer vino al Congreso. Yo no entiendo. (...) Hay ocho mil personas detenidas en flagrancia en el primer semestre que fueron liberadas por el Ministerio Público. ¿Por qué no fueron al Ministerio Público a reclamar? Obviamente tenemos que pensar que hay una politización y un direccionamiento hacia el Congreso de la República”, indicó.

La congresista Susel Paredes cree que los parlamentarios no quieren aprobar la derogatoria de la ley 32108 ya que, en algunos casos, se beneficiarían directamente de ella. “Hay partidos políticos que están procesados por ser organización criminal”, recordó esta mañana a RPP Noticias. Indicó que gracias a esa ley aprobada por el Congreso, y que no fue observada por el Ejecutivo, los partidos políticos ya no pueden ser acusados por ser organizaciones criminales. “(Congresistas) se estarían beneficiando personas que legislan para que se puedan acoger a esta norma, porque ellos están en ese problema”, indicó.

Por otro lado, Paredes recordó, en su cuenta de X, que incluso gremios empresariales como COMEX y CONFIEP “están de acuerdo con los transportistas y ciudadanos: la ley 32108 debe ser derogada porque entorpece la investigación y dificulta sancionar los delitos. ¿Es que no vamos a oír este reclamo?”.

Los partidos que se beneficiarían con esta ley incluyen a Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, actualmente investigada por la Fiscalía de la Nación por presunto lavado de activos en relación con las elecciones generales de 2021. Además están:

• Perú Libre: otro de los partidos con presencia en el Legislativo, enfrenta investigaciones por presunto financiamiento ilícito vinculado al caso “Los Dinámicos del Centro” durante la misma campaña electoral.
• Podemos Perú: por una posible inscripción irregular ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Su líder, José Luna Gálvez, se encuentra investigado por presunta falsificación de firmas y documentos.
• Renovación Popular: enfrenta cargos por presunta asociación ilícita y lavado de activos relacionado con el caso Lava Jato.