Extorsiones vía llamada telefónica: solo el 0,2% proviene de penales, revela el Ministerio de Justicia

El incremento de extorsiones y asesinatos perpetrados por sicarios ha desatado el terror en las principales ciudades del país. Este clima de pánico ha llevado a los ciudadanos a pensar que quienes realizan estas amenazantes llamadas exigiendo pagos a cambio de sus vidas son delincuentes recluidos en las cárceles peruanas. Este jueves, se llevó a cabo un paro por parte de diversos gremios, incluyendo transporte, comercio, bodegas, ferreterías y boticas.

Sin embargo, contrariamente a lo que se podría suponer, cifras de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) indican que solo el 0,2% de las extorsiones denunciadas hasta ahora este año se han originado desde las cárceles. Según el informe del ministerio, bajo la dirección de Eduardo Arana, se han presentado 15.384 denuncias de extorsión en lo que va de 2024, de las cuales únicamente el 0,2% se llevaron a cabo desde los penales, lo que resultó en el traslado de 21 reos involucrados en estos delitos a cárceles de mayor seguridad.

En 2023, únicamente el 0,1% del total de 19.305 casos de extorsión se llevaron a cabo desde las cárceles, lo que resultó en 24 traslados de reclusos a establecimientos penitenciarios de mayor seguridad.

“Los internos que fueron acreditadamente valorados por su participación en estas llamadas extorsivas fueron trasladados de inmediato al penal de Challapalca, porque nosotros no nos vamos a cansar, no vamos a ceder ante la corrupción ni ante la violación de las normas”, sostuvo.

El viceministro también subrayó que su sector, a través del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), viene realizando “permanentemente” requisas. “Constantemente e inopinadamente venimos realizando requisas para incautar cualquier elemento que pueda atentar contra las personas que están internadas o los trabajadores del INPE”, precisó.

El Ministerio de Justicia subrayó que ni la Policía Nacional ni las Fuerzas Armadas están capacitadas para cumplir con el mandato constitucional de resocialización, rehabilitación y reincorporación de los internos a la sociedad, tal como establece el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución.

También se enfatizó que confiar el cuidado de las cárceles a la Policía y las Fuerzas Armadas implicaría revivir los lamentables incidentes ocurridos en el penal “El Sexto” en 1984, cuando la Guardia Republicana, encargada de la custodia, fue superada por un grupo de diez delincuentes, generando gran tensión en todo el Perú, lo cual fue transmitido en vivo a nivel nacional.

Destacó, en este sentido, que el INPE, como entidad rectora y administradora del Sistema Penitenciario, preserva la autoridad y el orden en los centros penitenciarios mediante agentes especialmente entrenados para esta labor.

Por otra parte, se destacó que los agentes del INPE poseen conocimientos en tácticas de seguridad penitenciaria y realizan prácticas continuas bajo la supervisión de instructores. Además, existe un Grupo de Operaciones Especiales (GOES) cuya formación incluye el control y la disuasión de situaciones de riesgo dentro de los penales, así como la identificación de motines y el traslado de internos. Los funcionarios penitenciarios están capacitados en la normativa actual sobre derechos humanos y el uso de la fuerza en el ámbito penitenciario.

“La Policía y las Fuerzas Armadas tienen una función constitucional totalmente diferente; el trabajador penitenciario está preparado en derechos humanos, en asuntos criminológicos y en el tratamiento de personas privadas de la libertad”, indicó Alcántara.

Los penales deben ser considerados como centros de resocialización, y el INPE realiza un esfuerzo para reintegrar a la sociedad a personas mejor preparadas, ofreciéndoles talleres de trabajo, educación básica y técnica, así como programas como Orquestando, Cero Analfabetismo y Cárceles Productivas, entre otros.

“El tratamiento que se realiza en un centro penitenciario es un tratamiento especializado donde intervienen psicólogos, trabajadores sociales y abogados con la finalidad de resocializar a estas personas; ese es el deber fundamental que nos otorga la Constitución Política del país. Esto no significa que los presos estén mejor tratados que algunas personas que están fuera de los penales; es simplemente el cumplimiento de una obligación constitucional”, resaltó el viceministro.