Este 10 de octubre se reanudó el paro de transportistas en Lima Metropolitana en reclamo de la criminalidad incesante y la derogatoria de la Ley 32108. El premier Gustavo Adrianzén señaló que desde que entró en vigencia el estado de emergencia el pasado 26 de septiembre hasta la fecha, no hubo más muertos por extorsión en el gremio.
En diálogo con Canal N, el presidente del Consejo de Ministros señaló que la medida establecida por el Gobierno viene cumpliendo su objetivo y que, gracias al trabajo de la Policía Nacional (PNP) conjuntamente con las Fuerzas Armadas (FF.AA.), los extorsionadores y sicarios han tenido que emigrar a otro sector.
“El colectivo de conductores y de cobradores, días antes del 26, sufrieron tres víctimas mortales producto de la extorsión. A la fecha, no tenemos ninguna víctima fatal como consecuencia de la extorsión en el gremio de transportes. Qué han hecho entonces estos extorsionadores, ya no están atacando al gremio porque lo estamos protegiendo, ahora están migrando a otro gremio por eso nuestros bodegueros ahora están siendo afectados”, sostuvo el primer ministro.
Cabe mencionar que, en los 14 días de estado de emergencia se ha registrado varias muertes por sicariato vinculados a la extorsión y cobro de cupos en el sector de transportes. Por ejemplo, en Independencia, uno de los distritos bajo la medida, se produjo un atentado contra colectiveros informales que dejó un saldo de tres heridos. Solo una semana después, en el mismo lugar se produjo otro atentado similar. Pero no es el único distrito, Villa María del Triunfo y Los Olivos también registraron ataques con explosivos contra el sector de transportes. Por otro lado, en el Callao, distrito que no está bajo la medida, sí hubo muertes por sicariato ligado a la extorsión contra transportistas.
En otro momento, Adrianzén aprovechó las cámaras para señalar que el paro realizado este jueves se ha politilizado. Es decir, que grupos y organizaciones políticas como Nuevo Perú, Partido Morado, y ONGs han aprovechado el reclamo de la ciudadanía para avanzar en sus propios intereses o agendas.
En esa línea, aclaró que la Ley 32108 del Crimen Organizado, la cual transportistas y otros sectores exigen que se deroge debido a que limita la aplicación de las normas que sancionan a las organizaciones criminales, es una medida que el Poder Ejecutivo no impulsó y que decidió no obsevar porque “nosotros como muchas otras normas, a veces dejamos que el Congreso de la República tome esas decisiones. Finalmente la iniciativa fue de ellos”, sostuvo.
Sobre el uso del término ‘terrorismo urbano’ que el Ejecutivo promueve para que se califique de esa manera a los crímenes comunes, el premier destacó que se ha tergiversado la iniciativa del Gobierno y que, lo que se busca es que no se cometan excesos en las protestas como lo ocurrido en las protestas antigubernamentales contra la presidenta Dina Boluarte.
“Ya empiezan a mover el tema: ‘estamos terruqueando’, ‘estamos criminalizando la protesta social’. Eso es mentira, y quienes están diciendo eso están faltando a la verdad. Lo que no vamos a permitir es que la protesta social sea una protesta social-criminal. No vamos a permitir, como ya ocurrió en diciembre del 2022 y enero del 2023, que se bloqueen carreteras, que no se dejen pasar ambulancias, que los enfermos mueran en esas ambulancias. No vamos a permitir que quemen comisarías, que quemen locales del Poder Judicial, que quemen locales del Ministerio Público, que afecten al ornato público, al patrimonio privado, eso no lo vamos a permitir porque ahí estamos hablando de ‘terrorismo urbano’. Ese crimen, no es una protesta social”, indicó.
Asociación de Bodegueros del Perú apoyan paro de transportistas
La Asociación de Bodegueros del Perú (ABP) emitió un comunicado previo al paro de transportistas mostrando su respaldo. Asimismo, aprovecharon para denunciar que ellos también sufren por la criminalidad desbordada en la capital.
“Frente a la grave situación que se incrementa cada día de inseguridad ciudadana expresamos nuestro rechazo a las actuales acciones delictivas y no vamos a ceder ante el chantaje de los delincuentes que nos obligan a cerrar cobrándonos cupos y extorsionándonos con atentar nuestras vidas y negocios si no accedemos a sus demandas”, se lee en el pronunciamiento.
La Asociación de Bodegueros del Perú cuenta con más de 15.000 asociados de toda Lima Metropolitana y Callao. De esta manera, se espera que miles de tiendas trabajen a puertas cerradas, así como se lee en el comunicado de la ABP.
“Vamos a seguir atendiendo a todos nuestros vecinos con la reja cerrada, con un pañuelo blanco y un letrero en el que mencionamos que queremos paz. Nos solidarizamos con los gremios que deseen expresarse de diversas formas su manifestación frente al incremento de la inseguridad ciudadana”, sentencian.
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