Al mediodía, representantes de las pequeñas y medianas empresas se reunieron en el hotel Sheraton para evaluar unirse al paro de transportistas. Dirigentes del sector agropecuario, el parque industrial de Villa El Salvador y otros gremios exigen a las autoridades un mejor combate contra la extorsión. La mayoría estaba de acuerdo en unirse al paro.
El estado de emergencia no ha paralizado los atentados contra los transportistas ni los negocios de cada localidad. Esta vez, Independencia y Villa María de Triunfo se vuelven escenarios de nuevos ataques con granadas, los cuales estarían vinculados con la extorsión tras recibir amenazas por mensajes y audios.
La Universidad Nacional de Ingeniería y la Pontificia Universidad Católica del Perú también emitieron sendos comunicados en los que señalan que las clases serán virtuales este jueves para salvaguardar la integridad de sus estudiantes, docentes y trabajadores.
Comerciantes de Mesa Redonda anunciaron que también se unirán al paro de este jueves, aunque su principal pedido es la derogatoria de la ley 31980 que crea un Régimen Especial para el Centro Histórico de Lima, la cual, según señalaron, vulnera el trabajo de esa zona comercial. Un dirigente manifestó a RPP que alrededor de 36 mil trabajadores no podrán acudir a Mesa Redonda.
Comerciantes de Lima Norte acatarán el paro este jueves 10 de octubre, en respuesta a la creciente ola de extorsiones que afecta a los comerciantes locales. Según representantes de los mercados de Puente Piedra, un distrito en el norte de la capital , al menos cinco mil comerciantes de siete mercados se unirán a la protesta. La decisión de paralizar las actividades comerciales surge tras numerosos incidentes de extorsión que han dejado a los comerciantes en una situación de vulnerabilidad. “Nos sumamos a la paralización porque también somos afectados”, expresó un representante del sector, quien destacó el cansancio de los comerciantes ante la falta de acción por parte de las autoridades.
En los últimos días, algunos volantes han aparecido en el emporio comercial en que anuncian plegarse al paro como forma de protesta para exigir más leyes en contra de la delincuencia y la renuncia del ministro del Interior. Sin embargo, en conversación con Infobae Perú, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación de Empresarios de Gamarra, señaló que no hay hasta el momento una decisión en conjunto y que posteriormente se podrían plegar a un futuro paro si es que la situación continúa igual.
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) decidió suspender sus clases presenciales debido al paro de transportistas que afectará a Lima y Callao este jueves 10. Según el comunicado de la casa de estudios, las actividades académicas se llevarán a cabo de manera virtual desde el miércoles 9 hasta el sábado 12 de octubre con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.
Los casos de robos, asesinatos, secuestros y extorsiones no hacen más que aumentar. Distintos gremios se ven amenazados a diario por numerosas redes criminales que los han obligado a paralizar sus actividades para exigir una respuesta de la clase política. Desde el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso han respondido con la propuesta de ley de terrorismo urbano, una medida que parece reconocer la magnitud de la crisis de inseguridad ciudadana, pero que no sería clave para detender el problema que sigue cobrando vidas.
Han transcurrido doce días desde que el Gobierno decretó el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao como respuesta a la alarmante criminalidad que sigue arrebatando vidas y que llevó a los transportistas a realizar un paro en busca de mayor seguridad. El último lunes, en el Callao, una combi fue atacada por un sicario presuntamente contratado por extorsionadores. Como resultado de la balacera, murieron cuatro personas y otras tres resultaron heridas.
En medio del estado de emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte para intentar detener la ola de crímenes y asesinatos por extorsión y sicariato, la Policía Nacional del Perú, la entidad principal encargada del cuidado de la ciudadanía, fue acusada de organizar un concurso llamado “Miss Reina Policía 2024″, de acuerdo a un comunicado de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional de la PNP (DIRCII).