La ley de terrorismo urbano es un sinsentido: propuesta de Dina Boluarte y el Congreso no reduciría la ola de criminalidad

Los casos de robos, asesinatos, secuestros y extorsiones no hacen más que aumentar. Distintos gremios se ven amenazados a diario por numerosas redes criminales que los han obligado a paralizar sus actividades para exigir una respuesta de la clase política. Desde el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso han respondido con la propuesta de ley de terrorismo urbano, una medida que parece reconocer la magnitud de la crisis de inseguridad ciudadana, pero que no sería clave para detender el problema que sigue cobrando vidas.

El politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Noam López, calificó de sinsentido la medida que impulsa el Congreso de la República. “Lo que busca es englobar delitos que ya existen y darles un nombre, pero han escogido uno que genera más confusión”, dijo a Infobae Perú sobre la iniciativa que tiene en cuenta crímenes como sicariato, secuestro, robo agravado, extorsión, reglaje, tráfico ilícito de migrantes, explotación sexual, minería ilegal, entre otros.

El terrorismo implica un conjunto de acciones, intencionales e ilícitas, que emplean, exaltan o hacen apología de la violencia con fines políticos en ocasiones para promover una ideología, religión o un proyecto, según la política nacional multisectorial de lucha contra el terrorismo del Ministerio del Interior. Sin embargo, organizaciones criminales como Barrio King o One Family tienen el único objetivo de lucrar, “de pronto pueden tener vínculos políticos que usan como ‘chalecos’ para ganar elecciones en ciertas ciudades”, detalló López.

Sobre el término urbano, cabe recordar que los grupos criminales no discriminan lo urbano de lo rural, tan solo en La Libertad ‘Los pulpos’ operan tanto en Trujillo como en Pataz a 2700 m.s.n.m. El politólogo consultado asegura que la propuesta “no hace más pulcro, diligente o célere el trabajo del policía o fiscal”. Aun así, resulta ser la iniciativa del Congreso que menos daño provoca en la población porque “la Ley 32108 de crimen organizado es peor porque dificulta la identificación de una organización criminal.

Declarar en estado de emergencia distritos, provincias y regiones se ha convertido en una medida recurrente para justificar la lucha contra la inseguridad ciudadana; sin embargo, hasta el momento no se percibe como una decisión acertada. “Restringir libertades y derechos como los de movilización y reunión es ir en contra de la ciudadanía. El tema es que hacen estados de emergencia y no hacen nada más”, recalcó el especialista consultado.

Lo que se ha visto hasta el momento son operativos sin inteligencia policial pues en las revisiones de celdas en los penales apenas se han encontrado bolsas de drogas. Trabajar de la mano de un equipo de inteligencia facilitaría una base de evidencias a los agentes para ir directamente a las celdas comprometidas y procesarlos. Para López, el hacinamiento de reclusos en un patio y la difusión de incautaciones mínimas es tan solo “show masivo”.

La solución ya la hemos oído antes: la renovación de la PNP. Pocos han ahondado en las reformas necesarias y muchos menos han asumido la tarea de poner en marcha los cambios que hacen falta. “Las métricas de performance policial son mediocres, miden cantidad de requisitoriados, detenidos o droga incautada como se hacía en el pasado. Esto no ayuda para medir la prevención que evitará que la juventud se una a las bandas criminales”, agregó el especialista.

Entre los otros grandes problemas de la Policía Nacional del Perú destaca el de la formación de miembros de la PNP. La precariedad de las escuelas, los sílabos no actualizados, la falta de especialización, entre otros, impiden que la institución logre su objetivo de brindar seguridad a la ciudadanía.