Gobierno de Dina Boluarte es el peor de la historia y parte de una organización criminal integrada por el Congreso, aseguró expresidenta del TC

Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional del Perú, cuestionó al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República, afirmando que el país se encuentra bajo una “organización criminal”. De acuerdo a la magistrada, el Parlamento ha actuado como brazo legal de la criminalidad al promulgar leyes que disminuyen la eficacia del Ministerio Público y de la Policía Nacional en la lucha contra la delincuencia.

En ese sentido, la extitular del máximo intérprete de la carta magna calificó la gestión de la sucesora de Pedro Castillo como “el peor Gobierno de la historia por el alto índice de criminalidad, inseguridad y corrupción”. Sumado a ello, insistió que “el Congreso legisla en contra de los intereses de los ciudadanos”.

“Ellos no legislan para proteger a los ciudadanos, sino a la criminalidad. Cómo se explica la ley de allanamiento y la ley de organización criminal. [...] Vivimos bajo una organización criminal y el brazo legal es el Congreso”, agregó en entrevista con RPP.

Ledesma habló con La República en la misma línea e indicó que las reivindicaciones sociales han pasado a un segundo plano porque ahora la prioridad de los ciudadanos es mantenerse con vida, que no los maten por salir a trabajar. “El del Perú es un Estado que ha sido copado por la delincuencia para operar con impunidad”, afirmó.

En ese sentido, criticó la propuesta de incorporar la figura del terrorismo urbano como solución a la inseguridad, calificándola de medida populista sin sustento real. Según ella, la delincuencia en el Perú no es solo de tipo tradicional, sino que incluye a individuos de “cuello y corbata” que operan dentro de organizaciones criminales con apoyo legal y político.

“No podemos decir que existe terrorismo urbano sin mirar a quienes protagonizan, toleran y generan leyes para poder blindar a este tipo de personas. El Congreso forma parte de esa organización criminal. Y no solo el Congreso, también el Ejecutivo, con decisiones ineficientes, con designaciones de ministros del Interior que no están a la altura de poder dirigir una lucha como la que se necesita”, sostuvo.

“En todo caso, si quisieran deslindar tendrían que comenzar derogando las leyes cuestionadas. Este tipo de delincuencia no opera sola, opera en conjunto, en grupo y tiene diferentes formas de organización. Yo digo: la clase política forma parte de la organización de delincuencial y por eso estamos como estamos”, insistió.

Sobre la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, donde también propone que efectivos policiales y las Fuerzas Armadas, denunciados por el uso de armas de fuego, sean juzgados por fueros militares, mencionó que “lo que se está buscando en medio de todo este desorden es nuevamente la impunidad para el abuso”.

“En el fuero militar se juzgan delitos como la deserción. Pero si un militar o policía viola, asesina, lesiona, eso es un delito común y tiene que ser juzgado en un escenario de imparcialidad. Lo que se está buscando es impunidad para el abuso que pueda generarse desde el ejercicio de la violencia por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas”, explicó.

En relación a la entidad que lideró y tiene en sus manos el destino de varios hechos de interés público, mencionó que juega en pared con el Congreso. “Ha sido una constante. La verdad, como siempre he dicho, no espero nada de este Tribunal, no tengo ni la mínima expectativa de lo que pueda decidir. Más bien es el brazo extendido del Congreso. Hace tiempo ha abdicado de hacer ese ejercicio del control de la institucionalidad. Ya no me llama la atención”, sentenció.