Roxana del Águila, exjefa de la Superintendencia Nacional de Migraciones, habría buscado acogerse a la colaboración eficaz en el caso donde se implica al presentador de televisión Andrés Hurtado, actualmente encarcelado por una trama de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos.
Según el periodista Beto Ortiz, la exfuncionaria intentó acogerse a la medida, preocupada por una posible detención, al carecer de arraigo laboral y domiciliario, ya que su vivienda es alquilada por su esposo, quien reside en el extranjero. Desde fines de septiembre, Del Águila enfrenta una orden judicial de impedimento de salida del país y el levantamiento de su secreto bancario y reserva tributaria del 1 de diciembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2020.
El Ministerio Público investiga su posible intervención, a pedido de Hurtado, en el trámite de renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho en 2019, lo que facilitó su traslado a China. Siucho declaró, incluso, que el conductor se jactaba de su cercanía con la exfuncionaria y comentó que “él la había puesto en ese cargo”.
Respecto a la colaboración eficaz, el abogado Walter Palomino explicó que si Del Águila “ha postulado y la Fiscalía le ha negado” la condición, “es que no tiene nada que aportar”. La exfuncionaria reapareció en la escena pública este martes a través de una carta donde expresa su arraigo al país.
“El arraigo es el amor a la patria, es saber que estás entre los tuyos, que prefieres este lugar antes que cualquier otro, aunque oportunidades para dejarlo fueron muchas, pero más pudo tu tierra y el deseo de contribuir para hacerla mejor”, se lee en el documento difundido por Ocurre Ahora.
La misiva fue enviada a sus allegados, según Beto A Saber. “El arraigo son mis padres, mis hijos, mis mascotas, mi habitación y mis recuerdos de infancia, de juventud y de adultos, en la que adquieres todo para vivir con decoro, con el fruto de tu trabajo y tu esfuerzo. También el arraigo es mi creencia (...) mi gente, mi fe, mi comida”, agregó.
A pesar de enfrentar un impedimento de salida que, según ella, frustra su “proyección internacional”, Del Águila sostuvo que su próxima maternidad la conectan “indisolublemente” con el país. Según Contracorriente, la exfuncionaria incrementó su patrimonio de S/525 mil en 2021 a 2 millones de soles en 2023, lo que representa un aumento del 380%.
Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), sugirió que este aumento podría deberse a “usar sus influencias”, ya que sus ingresos salariales no lo justificarían. “Lo máximo que Roxana del Águila ha recibido de remuneración en instituciones públicas ha sido aproximadamente 30 mil soles”, afirmó.
Entre sus propiedades se cuentan un departamento en el Golf de los Inkas (Surco) valuado en $275 mil, y tres estacionamientos por $21 mil cada uno. Sus vehículos incluyen una camioneta Audi Q3 de 2019, un Audi A3 y dos motocicletas Vespa. Además, se reveló que fue contratada por S/30 mil en la Fiscalía para un trabajo de poco más de un mes.
Del Águila ha negado cualquier implicación en irregularidades y afirmó que no registra un desbalance patrimonial. A fines de septiembre, testificó sobre el caso de Hurtado ante el segundo despacho de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Lavado de Activos, aunque evitó declaraciones al público al salir.
Prisión preventiva
El Poder Judicial dictó la semana pasada 18 meses de prisión preventiva para el presentador de televisión, investigado junto a la magistrada Elizabeth Peralta y el empresario Javier Miu Lei. El juez Juan Carlos Checkley ordenó la medida cautelar contra Hurtado, pero no para Peralta y Miu Lei, quienes seguirán investigados con restricciones y tras pagar cauciones económicas de 35,000 y un millón de soles, respectivamente.
El presentador fue identificado como apoderado del exnarcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como ‘Vaticano’. Además, ha sido vinculado con un presunto tráfico ilegal de oro, al supuestamente ayudar a una empresa familiar a recuperar 100 kilos de oro incautados, a cambio de una comisión de un millón de dólares.
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