Consejo Fiscal critica “incapacidad” del MEF para detener al Congreso y le exige aclarar por qué aprobó reforma previsional

El Consejo Fiscal criticó la “incapacidad” del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para oponerse a las iniciativas de gasto promovidas desde el Congreso de la República, así como su “débil” respuesta para garantizar la sostenibilidad fiscal del país en un escenario que anticipa la quiebra de las reglas fiscales en el Perú por segundo año consecutivo.

A través de un comunicado, el Consejo Fiscal señaló que, al cierre de agosto, el déficit público (es decir, la necesidad de ingresos más allá de lo que el país recauda) se mantuvo por cuarto mes consecutivo en 4% del PBI, superando en 1,2 puntos porcentuales al límite recientemente modificado al alza para este año (2,8% del PBI).

“De no corregirse esta situación, este sería el cuarto incumplimiento de las reglas fiscales desde su implementación en el año 2000, con el agravante de ser el segundo año consecutivo en que esto ocurre y el primero en que se incumpliría en el mismo año en que se flexibilizó la regla”, remitió.

Así, el Consejo Fiscal subrayó que los riesgos mencionados en su comunicado “se están materializando ante la actitud pasiva del Poder Ejecutivo”, que no ha tomado medidas efectivas para mitigarlos. En opinión del grupo, sería muestra de una “creciente fragilidad institucional y debilidad del gobierno frente a otros actores políticos”.

“Revela un menor margen de maniobra del MEF al interior del Ejecutivo, a la luz de la incapacidad de oponerse a iniciativas legislativas que generan mayores gastos públicos y afectan la sostenibilidad fiscal, a las demandas por parte de los gobiernos subnacionales, y también de cara a las decisiones que se toman en el seno del propio Poder”, refirió.

El Consejo Fiscal consideró que la recientemente aprobada reforma previsional para una nueva Ley de Pensiones presenta un riesgo fiscal significativo, al no contar con un análisis técnico riguroso de sus efectos en las finanzas públicas a mediano y largo plazo.

El equipo liderado por el exministro Alonso Segura destacó que, hasta la fecha, ninguna entidad, pública ni privada, ha presentado un estudio integral transparentando los supuestos utilizados para calcular los costos fiscales y actuariales asociados a esta reforma.

Por ello, dijo que no se ha expuesto ante el público en general el detalle sobre las medidas cuantificadas, y aquellas que no lo han sido, la metodología y las bases de datos empleadas en el análisis, los supuestos empleados, su razonabilidad y la sensibilidad de los resultados a tales supuestos, entre otros.

“El Poder Ejecutivo debería hacer públicos los informes técnicos que avalan la promulgación de la norma y el estimado del costo fiscal de la misma en el mediano y largo plazo, así como su consistencia con los objetivos de política fiscal previstos en el Marco Macroeconómico Multianual vigente”, afirmó.

Otro es el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). El Consejo Fiscal volvió a expresar su preocupación ante el incremento de sus niveles de endeudamiento como consecuencia de la segunda operación de emisión de bonos que ascendió a S/1.250 millones.

“Con esta nueva operación de endeudamiento, el ratio del saldo de deuda total a ingresos de la MML se ubicaría en aproximadamente 300%, triplicando el límite máximo de la regla fiscal regular para los gobiernos subnacionales (100%)”, destacó el quinteto.

En esta línea, el Consejo Fiscal lamentó que la MML haga uso de la habilitación legal que tiene para realizar estas operaciones de endeudamiento producto de una excepción en el marco legal vigente, el cual indica que las entidades con calificaciones crediticias superiores a BBB+ están exceptuadas del cumplimiento de las reglas fiscales subnacionales.

“Se ha comprometido, exclusivamente para el pago del servicio de la deuda, y por un periodo de 20 años, sus ingresos por alcabala e impuesto al patrimonio vehicular, que representan aproximadamente el 35% del total de ingresos”, apuntó.

Según el Consejo Fiscal, el MEF se inventó una partida para sustentar un incremento de más de S/7.000 millones en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año 2025.

El documento explica que, tras no ser aprobada la propuesta del PIA por el Consejo de Ministros, el MEF incluyó una partida de recursos denominada “recuperación más efectiva de recursos provenientes de litigios por parte del Tribunal Fiscal”, que no tendrían una contrapartida en los ingresos fiscales estimados en el Marco Macroeconómico Multianual 2025-2028.

“Es decir, se ha incluido como financiamiento de partidas adicionales de gasto, una supuesta fuente de ingresos que no solo no tiene precedente en materia de formulación presupuestal, sino sobre la cual no es posible tener un grado mínimo de certeza de que se materialice”, acusó el Consejo Fiscal.

Para el grupo técnico especializado, esta decisión deviene en una Ley de Equilibrio Financiero que, potencialmente, “no estaría equilibrada”.