¿Dina Boluarte sancionará a medios de comunicación que la critiquen? Gremios periodísticos advierten los peligros del denominado “terrorismo de imagen”

Durante la conmemoración del Combate de Angamos, la presidenta Dina Boluarte advirtió de un nuevo mal: “Las noticias falsas, creadas con el fin de hacer terrorismo de imagen”. Dicha declaración no solo es peligrosa —ya que el Gobierno ha calificado de mentira situaciones que incluso han sido registradas—, sino que da luces sobre una nueva estrategia presidencial desde la que se buscaría criminalizar el ejercicio periodístico, alertaron, en diálogo con Infobae Perú, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Para Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, lo expresado por la jefa de Estado es una escalada en el relacionamiento con la prensa y un llamado abierto a la confrontación con aquellos medios y periodistas que hacen su trabajo.

“Hay que decirle que criticar la función pública, denunciar presuntos hechos de corrupción, hacer revelaciones como las del ‘cofre’ o sus ausencias para tratamientos de belleza no son fake news ni mucho menos terrorismo de imagen. Lo más alarmante es: ¿qué pretende con ese tipo de denominaciones? Podrían alertarnos sobre la posibilidad de que el Ejecutivo esté pensando en implementar una nueva figura delictiva para criminalizar la actividad de los periodistas en el país”, mencionó.

Agregó que “habría que preguntarle a su vocero, porque ella lleva varios meses sin responder, a qué se refiere con el término terrorismo de imagen. Porque si lo que están haciendo es lanzar una denominación para, posteriormente, configurar un nuevo delito que criminaliza actividad periodística, ya estamos entrando en un escenario realmente preocupante”.

En ese sentido, el director del CPP, Rodrigo Salazar, sostuvo que la posición de la mandataria “abre una discusión que puede terminar en extremos, como ha ocurrido en las dictaduras de la región, donde se ha manipulado el concepto de noticias falsas con el objetivo de perseguir a la oposición”.

Recordó cuando el vocero Fredy Hinojosa calificó de falso el descontento hacia Dina Boluarte en Piura, pese a que se difundieron videos, e incluso invocó a la Fiscalía a investigar a los medios que informaron del hecho bajo “una suerte de instigación a la violencia”. Asimismo, que la propia jefa de Estado ha llamado a la prensa “mentirosa” en varias ocasiones.

“El adjetivo ‘falso’ abre la puerta a una enormidad de interpretaciones que no se limitan a ser evitadas, sino perseguidas. No olvidemos que el exministro de Economía Alex Contreras calificó de falsa una recesión económica que, más tarde se confirmó, realmente existía. Si vamos más allá, ¿cómo se aplicaría la noción de ‘noticia falsa’ a los comentarios de Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, de que el Perú es el segundo país más seguro de la región? ¿O de que los Rolex de la presidenta son de antaño?”, cuestionó Salazar.

Cabe mencionar que, de acuerdo al informe mensual del CPP, solo en septiembre de 2024, el 80% de casos de hostigamiento a las libertades de expresión y de prensa han sido por parte del Poder Ejecutivo. Especialmente, en los hechos relacionados con la misma jefa de Estado y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Sin embargo, no es el único integrante del gabinete ministerial que ha dado luces de desacuerdos con los medios de comunicación.

Luego de una sesión del Consejo de Ministros, Walter Astudillo, titular del Ministerio de Defensa, aseguró que, aunque se autodenomina defensor de la libertad de expresión, “en los últimos años, esta ha llegado a situaciones incontrolables”. El responsable de la cartera de Salud, César Vásquez, también ha responsabilizado a la prensa de la baja aceptación de Boluarte, evidenciada en una encuesta llevada a cabo por Datum. “¿Tanta campaña mediática en contra de la presidenta, creen que va a tener como resultado una aceptación? Esto es fotografía del momento, muy subjetiva”, expresó.

Anteriormente, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, culpó a los medios de comunicación del silencio de la jefa de Estado. “Tenemos una prensa que acorrala demasiado a la presidenta y ella también como ser humano tiene derecho a no responder”, dijo.

A todo ello también se suman acciones para ocultar información. Ante el revuelo de los audios atribuidos al ministro del Interior, en los que se menciona que desde Presidencia se ordenó enviar el vehículo presidencial conocido como ‘cofre’ para ayudar a que Vladimir Cerrón fugue, el gobierno optó por clasificar la información del auto.

A través de la Resolución N° 000042-2024-DP/SG, que lleva la firma del secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez, se resolvió clasificar con carácter reservado el Plan de Seguridad de Palacio de Gobierno y locales conexos, asignándole como código: DR001-PSPG2024. Entre ellos, el Acta N° 001-2024-DP/FRCIDP, de fecha 17 de setiembre de 2024, asignándole como código ACT001.

El documento precisa que “el responsable de brindar la información pública en coordinación con la Casa Militar, permitirá el acceso de la información clasificada a las entidades señaladas en el artículo 18 del Texto Único ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública a su solo requerimiento”, es decir solo al Congreso de la República, Poder Judicial, Contralor General, Defensor del Pueblo y Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.