Denuncias por extorsión aumentaron en 390% en los últimos tres años

En Perú, la situación de la seguridad ciudadana se ha deteriorado significativamente, con un aumento alarmante en las denuncias de extorsión y homicidio. Según un análisis de Ojo Público basado en cifras del Observatorio de Seguridad Ciudadana, estos delitos alcanzaron su punto más alto en 2023.

Con un aumento del 390%, las denuncias por extorsión se han disparado desde 2021, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

A pesar de que el Poder Ejecutivo y el Congreso, están al tanto de esta crisis, los expertos señalaron al medio que no se ha implementado una estrategia clara para combatir la violencia. En cambio, se han promovido leyes que debilitan la lucha contra el crimen.

La percepción de inseguridad entre los ciudadanos también ha aumentado. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (Enapres), hasta mayo de este año, el 85,9% de los encuestados manifestó sentirse inseguro, la cifra más alta desde 2019. Además, el 27,7% reportó haber sido víctima de algún delito, el porcentaje más elevado en los últimos ocho años.

Mientras los índices de violencia urbana se disparan, la Policía Nacional del Perú (PNP) enfrenta serios problemas de infraestructura y personal. Hasta agosto de este año, de los más de 17 mil vehículos policiales, casi la mitad estaban fuera de servicio, según datos de la Dirección de Administración de la PNP (Diradm) recogidos por O

La situación de las comisarías es igualmente preocupante. De las 1.406 comisarías en todo el país, el 71% presentaba infraestructura en mal estado y el 44% carecía de servicios básicos adecuados. A esto se suma la corrupción y las faltas graves dentro de la policía: entre 2018 y 2023, aproximadamente 23.800 efectivos fueron retirados por cometer infracciones muy graves, según datos recogidos por El Comercio.

El estado de emergencia declarado en Lima y Callao no ha logrado frenar la violencia que azota estas regiones. En los primeros cinco días desde que se implementó la medida, se han registrado al menos nueve homicidios. Estos crímenes, en su mayoría relacionados con extorsiones y sicariato, reflejan la persistente inseguridad que afecta tanto a los distritos bajo estado de emergencia como a aquellos que no están incluidos en la medida.

El 28 de septiembre, el gobierno de Dina Boluarte oficializó el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, con el objetivo de contener la creciente ola de criminalidad mediante una mayor presencia de la Policía Nacional y el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles. Sin embargo, los esfuerzos parecen insuficientes, ya que los delitos continúan ocurriendo con frecuencia.

La decisión de declarar el estado de emergencia se tomó tras un paro de transportistas el 27 de septiembre, quienes exigían medidas contundentes contra las extorsiones que habían resultado en tres homicidios. Los manifestantes reclamaron al gobierno por la falta de resultados en la lucha contra la criminalidad y solicitaron el despliegue de las fuerzas del orden para garantizar la seguridad de los transportistas y la ciudadanía.

A pesar de la intervención gubernamental, los homicidios recientes evidencian que la violencia sigue desbordando los esfuerzos de las autoridades. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), de enero a septiembre de 2024, se ha registrado un aumento significativo en los casos de homicidio.

En 2023, se registraron 22.162 casos de extorsión, lo que refleja un crecimiento significativo respecto a los 4.510 casos reportados en 2021 y los 15.948 en 2022.

A pesar de este aumento en las denuncias, Wilson Hernández Breña, investigador adjunto de Grade, señaló a Ojo Público que la verdadera magnitud de las víctimas de extorsión sigue siendo incierta. Según Hernández Breña, el miedo a represalias dificulta que las víctimas denuncien estos delitos, lo que genera una “opacidad” en los datos oficiales.

El investigador explicó que, aunque las cifras oficiales muestran un incremento en las denuncias, se estima que el 75% de los casos de extorsión no se reportan a las autoridades. Esto sugiere que solo se conoce uno de cada cinco casos, lo que indica que el problema es mucho más amplio de lo que reflejan las estadísticas. La extorsión, según Hernández Breña, es un delito que se desarrolla “bajo la alfombra”, lo que significa que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias.

El aumento de las denuncias podría estar relacionado con una mayor disposición de las víctimas a reportar estos delitos, pero también podría reflejar un incremento real en la actividad delictiva. Sin embargo, la falta de denuncias sigue siendo un obstáculo para comprender completamente la dimensión del problema y para implementar medidas efectivas de prevención y control.