Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia y Derechos Humanos del Perú, expresó su aprobación ante la decisión del Gobierno de asignar 3 mil millones de soles para la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios y la mejora del equipamiento logístico de la Policía Nacional. En entrevista con Infobae Perú, la también excongresista destacó que, al comprender la dinámica carcelaria, es posible diseñar estrategias más efectivas contra la inseguridad ciudadana.
“Quiero saludar la asignación de recursos, porque nada se resuelve sin financiamiento. No se construye un penal sin dinero”, afirmó Pérez Tello.
Asimismo, señaló que, entre los diversos desafíos administrativos, proyectos inconclusos y políticas poco eficientes, el principal problema del sistema penitenciario es el hacinamiento, que hasta agosto de este año alcanzó el 136%, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) proporcionadas a este medio.
Resolver el hacinamiento es el primer paso
Para la exministra del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, el problema de la inseguridad ciudadana debe analizarse desde los establecimientos penitenciarios, ya que es ahí donde se concentran los delincuentes que fueron condenados por la justicia. Entendiendo esto, es posible realizar análisis que identifiquen qué internos pueden ser resocializados y por qué cometen delitos. Sin embargo, hay penales cuya población excede hasta cinco veces su capacidad.
“No hay suficientes máquinas para que trabajen, ni oferta académica suficiente para que estudien. Entonces, no hacen nada. No hay capacidad para vigilarlos; hay dos personas por pabellón cuidando a 200 o 400 presos. No te enteras de lo que sucede dentro del pabellón. El hacinamiento es la madre del cordero, es el problema principal”, afirmó.
Esta sobrepoblación genera una serie de problemas en los servicios internos, como la alimentación, la educación y las actividades formativas para la eventual reinserción de los internos en la sociedad. Además, Pérez Tello afirmó que los problemas relacionados con la atención médica y el acceso a los medicamentos deben ser responsabilidad del Ministerio de Salud, ya que afectan tanto a los internos como al personal del INPE.
“La atención médica dentro del INPE no se regula desde el Minsa, y no hay medicina suficiente”, señaló. Más adelante, agregó: “Lo que debería suceder es que el Minsa se haga cargo de la atención médica en los penales.”
Para abordar el hacinamiento, la exparlamentaria recomendó cambiar la pena de aquellos internos que no representen un riesgo para la ciudadanía, ya que “en la cárcel tiene que estar la gente que es peligrosa para la sociedad, por el tipo de delito que ha cometido, por la ferocidad de su conducta, y también como una sanción social.”
“Es un costo para el Estado tener a personas que han cometido delitos culposos que deben ser sancionados, pero eso puede funcionar con grilletes. A las personas que están ahí por omisión de asistencia familiar, puedes hacerlos trabajar y, de paso, garantizar que paguen la mensualidad,” indicó.
Javier Llaque es clave para resolver problemas del INPE
Sobre el desempeño de Javier Llaque como presidente del INPE, la exlegisladora Marisol Pérez Tello afirmó que tiene las capacidades necesarias para abordar los problemas actuales de la institución.
“Él es un hombre que tiene las condiciones y las capacidades para sacar adelante al INPE. Por eso funciona más o menos bien, porque cuenta con un hombre dirigiéndolo que conoce el sistema, ya que ha sido fiscal y ha trabajado en la cárcel durante muchos años. Pero si no le dan los recursos, no es mago”, comentó.
Gobierno dicta medidas para mejorar el INPE
A inicios de este mes, el Poder Ejecutivo publicó el Decreto Legislativo Nº 1685 para fortalecer el Sistema Penitenciario Nacional y el INPE, reestructurando su Alta Dirección y mejorando la gestión y la política criminológica. Esta norma modifica el Decreto Legislativo Nº 1328, buscando optimizar la reinserción social y el uso de recursos.
La medida busca mejorar la capacidad del sistema penitenciario, agilizando decisiones y asegurando una correcta aplicación de la política penitenciaria. Asimismo, se modifican las funciones y la estructura del INPE, otorgándole la responsabilidad de crear y aplicar normas técnicas para el mantenimiento de la infraestructura penitenciaria.