Exasesor de congresista Pasión Dávila lo denuncia por exigirle ‘bono mensual’ para que pueda seguir trabajando en el Parlamento

Víctor Carlos Espinoza, exasesor del congresista Pasión Dávila Atanacio, miembro de la bancada Socialista, ha denunciado al parlamentario por solicitar parte de su sueldo como “apoyo económico”, según reveló el programa Panorama de Panamericana TV

Dávila Atanacio le habría pedido un aporte monetario debido a que enfrentaba “muchos gastos”. Esta solicitud, según el exasesor, incluía un bono mensual de S/ 2.000 que debía destinarse al despacho o al partido del congresista.

Espinoza detalló que, al negarse inicialmente a entregar el bono, optó por ofrecer otro tipo de apoyo. Este consistió en el uso de su propio vehículo y la cobertura de gastos de gasolina, alimentación y hospedaje durante las semanas de representación, sin que Dávila desembolsara dinero. Además, Espinoza mencionó que Dávila justificó su solicitud mostrando oficios que requerían bandas, buzos y regalos para centros educativos.

Otro aspecto relevante de la denuncia es la implicación de Diana Arancibia Cóndor, trabajadora del despacho de Dávila, quien también habría solicitado dinero a nombre del congresista. Espinoza señaló que Arancibia experimentó un ascenso significativo en su posición, pasando de ganar S/1.732 como asistente a S/7.106 como técnico. Según el exasesor, Arancibia tenía un papel predominante en el despacho, organizando horarios y agendas del congresista.

La denuncia de Espinoza ha generado controversia y pone en el centro de atención las prácticas dentro del Congreso peruano, especialmente en lo que respecta a la gestión de recursos y la ética en el manejo de fondos públicos. La situación plantea interrogantes sobre la transparencia y el uso de los recursos asignados a los despachos parlamentarios.

A mediados de marzo de 2023, los medios de comunicación revelaron el primer caso de un grupo de congresistas peruanos acusados de prácticas ilícitas conocidas como “mochasueldos”. Este término se refiere a la acción de recortar una parte significativa del salario de los trabajadores, un acto tipificado como delito de concusión en la legislación peruana.

Hasta la fecha, se han registrado 14 denuncias contra congresistas elegidos para el período 2021-2026, siendo el caso más reciente el del congresista Pasión Dávila, de la Bancada Socialista.

Desde la primera denuncia, los casos han ido en aumento. Sin embargo, la respuesta de las instituciones encargadas de la ética y la justicia ha sido variada. La Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el Pleno del Congreso han emitido sanciones leves o han archivado los casos. En contraste, el Ministerio Público y, en algunos casos, el Poder Judicial han mostrado mayor interés en investigar estas denuncias.

Solo el caso de la congresista María Cordero Jon Tay ha llegado al Poder Judicial. La bancada de Alianza Para el Progreso lidera en número de congresistas denunciados, con seis casos, seguida por Acción Popular, con cuatro legisladores acusados.

El parlamentario acusa al reportaje periodístico de “tendencioso y con argumentos imaginarios”. A través de un comunicado que difundió en sus redes, Pasión Dávila, sostiene que “nunca he solicitado ningún tipo de apoyo económico ni de ninguna otra índole a los trabajadores y ex trabajadores de mi despacho”

Negó también que el exasesor asumía los gastos de la semana de representación. “Sobre el supuesto trato preferencial hacia una servidora de mi despacho donde se me vincula sentimentalmente, señalo enfáticamente que dicho personaje con sus falsas afirmaciones no hace más que poner en evidencia su baja calidad profesional y moral, recurriendo en todo momento a mentiras”, indicó