Este miércoles 9 de octubre, el Congreso de la República discutirá una iniciativa legislativa que podría reducir la protección de los derechos humanos en el país, particularmente en relación con los pueblos indígenas.
El proyecto de ley N° 6290/2023-CR plantea que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solo sean vinculantes para Perú en casos donde el país haya sido parte.
Actualmente, las decisiones de la Corte IDH se aplican en el territorio nacional incluso cuando el Estado no ha estado involucrado en los casos, gracias a la Ley 31307. Sin embargo, la nueva iniciativa, que ha sido impulsada por la Comisión de Constitución presidida por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), busca cambiar esta disposición.
¿Cuáles son los principales riesgos?
Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, conversó con Infobae Perú y advirtió sobre los riesgos de esta iniciativa, resaltando que la Corte IDH garantiza los mejores estándares de protección de los derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas.
“Lo más protector y garante de los derechos de los pueblos indígenas está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana” afirmó, recordando que la Corte reconoce, por ejemplo, el derecho a la restitución de tierras despojadas.
También, el abogado citó el artículo 8 del Título Preliminar de la Ley 31307, que resalta que las normas deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales.
En su opinión, esto es esencial para proteger los derechos de los pueblos indígenas, quienes, según la jurisprudencia, tienen derechos sobre sus tierras incluso en casos donde han sido desplazados.
“Los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras tienen derecho a recuperarlas. Por ello, las leyes que se aprueban como estas, que son regresivas y violatorias, se tienen que contrarrestar para defender los derechos territoriales de los pueblos indígenas frente a posibles cambios legislativos perjudiciales”, detalla.
Pueblos indígenas hacen llamado al Poder Judicial
Por su lado, desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades de la Amazonía peruana, expresaron su preocupación a este medio.
Rocío Trujillo, abogada de Aidesep, resaltó que esta norma va en contra de los instrumentos y obligaciones internacionales que el Estado peruano está obligado a cumplir, afirmando que “es una norma más que el Congreso quiere implementar en contra de los derechos de los pueblos indígenas“.
En ese marco, sobre posibles acciones legales si el proyecto se aprueba, la abogada mencionó que solicitarán el apoyo de los colegios profesionales, a fin de que estos presenten una demanda de inconstitucionalidad, que es el mecanismo para contrarrestar leyes que violan derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.
“Hacemos un llamado al Poder Judicial a fin de que aplique el control de convencionalidad, que es un esencial en el sistema interamericano de derechos humanos, el cual permite que los jueces peruanos inapliquen normas que contradigan las disposiciones de la Corte IDH”, declaró Trujillo a Infobae Perú.
Envían carta urgente al Congreso
Asimismo, este lunes, Aidesep envió una carta al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, advirtiendo que ignorar las sentencias de la Corte IDH podría dejar a los pueblos indígenas vulnerables frente a la explotación ilegal de sus territorios, la violación de sus derechos ancestrales y la falta de acceso a la justicia.
Esto, en un contexto de preocupación por el avance de economías ilegales, como la minería y tala ilegal, y el narcotráfico, que afectan gravemente la Amazonía peruana.
Además, hicieron hincapié en que el proyecto de ley representa un retroceso en los derechos colectivos indígenas, debilitando la protección brindada por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que podría aumentar la impunidad y los abusos.
“Esperamos que no se apruebe. Desde Aidesep, hemos remitido una carta al presidente del Congreso, a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos y Ambiente, manifestando el rechazo a dicho proyecto de ley, porque hay muchos argumentos jurídicos que sustentan su archivamiento”, manifestó la abogada de la organización indígena.
El documento fue remitido también a la congresista Ruth Luque Ibarra, miembro de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y Fernando Rospigliosi, impulsor de la polémica iniciativa y presidente de la Comisión de Constitución.
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