Congresista Rosio Torres habría usado trabajadores de su despacho en la campaña política de su esposo

La congresista Rosio Torres está nuevamente en el centro de la controversia. Militante de Alianza para el Progreso (APP) no solo habría recortado el salario de sus empleados, sino que también se le acusa de haber utilizado personal de su oficina para apoyar la campaña política de su esposo, Fernando Meléndez Celis, quien es candidato al Gobierno Regional de Loreto. La legisladora no tardó en negar estas nuevas acusaciones.

“El dinero que se mochaba mensualmente, incluidos los bonos, se destinaba a la campaña política del excongresista Fernando Meléndez Celis”, indicó una extrabajadora de la parlamentaria al dominical Cuarto Poder de América TV, y agregó: “Todos hemos hecho trabajo político para la campaña del señor, por orden de la congresista Rosio Torres Salinas, desde el asesor 1 hasta el cargo más bajo”.

El programa de televisión también mostró chats entregados a la Fiscalía por una extrabajadora de la congresista, en los que se evidencia el uso indebido del personal parlamentario contratado y pagado con recursos públicos. Ella refirió que realizaba tareas ajenas a su función pública durante el horario laboral, que incluían la afiliación de militantes para el partido liderado por César Acuña, así como la compra de telas, pulseras, pinturas y otros artículos publicitarios con el logo del grupo político.

“Esta es una persecución maquiavélica y política hacia mí”, declaró la parlamentaria de la bancada APP, quien niega las acusaciones. Sin embargo, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación ordenó, el pasado 9 de septiembre, iniciar una investigación en su contra como presunta autora del delito contra la administración pública: peculado doloso en agravio del Estado.

A través de su cuenta de X, la parlamentaria cuestionó la información proporcionada por el dominical y explicó que la extrabajadora, identificada como Nathali Rubio Yllatopa, ingresó a su despacho en julio de 2021, donde se desempeñó como secretaria y, además, era militante activa del partido Alianza Para el Progreso. Debido a su militancia, la extrabajadora “solicitaba permiso para participar en actividades propias del partido”.

Rosio Torres rechazó la apertura de la Carpeta Fiscal N°140-2024, que calificó como “extemporánea y arbitraria”. Este documento incluye las declaraciones de la extrabajadora del despacho realizadas en noviembre de 2023, en las que acusa a la congresista de haberle ordenado “realizar trabajos ajenos de tipeo”. Para ella, estas acusaciones son falsas.

Finalmente, la congresista se refirió a la denuncia presentada por el fiscal de la Nación en marzo de este año por la presunta comisión del delito contra la administración pública - concusión. Esta denuncia se encuentra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, donde, según ella, no se contempla el delito de peculado doloso. Por ello, denunció un posible abuso del Ministerio Público.

En mayo de este año, la parlamentaria de APP fue denunciada constitucionalmente por un presunto recorte de sueldos a los trabajadores de su despacho. Dicha denuncia fue presentada por el Fiscal de la Nación y el informe fue declarado procedente por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.

En este caso, se le acusó de haber abusado de su posición como congresista de la República y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2021-2022, así como de haber inducido, mediante su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, a trabajadores de su despacho y de la subcomisión a entregar una parte de sus remuneraciones a la congresista.