En una ceremonia oficial, la Marina Guerra del Perú condecoró al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y al general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo, por su “permanente apoyo y contribución al logro de los objetivos institucionales”. Ambos recibieron esta medalla de manos del comandante general de la Marina, Luis Polar Figari.
Tanto Adrianzén como Zanabria fueron reconocidos con la Orden Gran Almirante Grau, una de las distinciones más importantes de la Marina de Guerra. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la PNP, el teniente general Óscar Arriola, recibió la condecoración Orden Cruz Peruana al Mérito Naval; en presencia del ministro de Defensa, Walter Astudillo, y del jefe del Estado Mayor General de la Marina, César Colunge.
Además del acto protocolar de reconocimiento a Adrianzén, Zanabria y Arriola, la ceremonia también incluyó una felicitación al ministro y a las autoridades de la Policía Nacional, a cargo de las autoridades de la Marina de Guerra y frente a los invitados que estuvieron presentes en la ceremonia.
Ejecutivo plantea que efectivos de la PNP y las FF. AA. sean juzgados por fueros militares
En el marco del estado actual de la criminalidad a nivel nacional, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció que la intención del Ejecutivo es que tanto los miembros de la PNP como de las Fuerzas Armadas que sean denunciados por el uso de sus armas de fuego sean juzgados únicamente en fueros militares.
Así lo indicó el titular del Mininter en una conferencia de prensa que brindó luego de la III Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), a la que también acudió el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
“Se va a efectuar la propuesta normativa, para que todos los policías y militares, que pudieran ser denunciados como consecuencia del ejercicio de su función, por el uso de sus armas de fuego, sus procesos pasen al Consejo Supremo de Justicia militar, es decir, que no sean vistos por los juzgados civiles, sino por los juzgados militares, ya que estamos hablando de temas referidos al ámbito de la función”, explicó.
Esta intención plasmada en el proyecto de ley del Ejecutivo sobre ‘terrorismo urbano’, que incluía en sus disposiciones finales que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú (PNP) que durante un estado de emergencia sea denunciado por realizar actos realizados en cumplimiento de sus funciones serán investigados y procesados en fueros militares.
‘Terrorismo urbano’
El proyecto de ley también aumenta las penas para otros delitos. En el caso de sicariato, el castigo sería del al menos 30 años, mientras que en la conspiración y el ofrecimiento para el delito de sicariato, sería entre 10 y 15 años. No obstante, será entre 20 y 30 años si interviene un menor de edad.
Para la extorsión, la pena pasaría a ser entre 15 y 20 años, quince ni mayor de veinte años. Sin embargo, cuando se atenta contra las personas naturales y/o jurídicas que brindan servicio de transporte público, impidiendo, perturbando, atentando y/o afectando el desarrollo del servicio público, subirá la sanción a entre 25 y 35 años.
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